El fallecimiento de un nigeriano en diciembre y un grancanario hace dos años abre la espita para exigir al Gobierno canario que asuma las competencias en sanidad en la prisiones
LA PROVINCIA. DIARIO DE LAS PALMAS (Flora Marimón).- La crisis de la sanidad penitenciaria en Canarias ha salido de los muros de las prisiones y ha tomado forma en una movilización cívica que denuncia lo que considera un abandono estructural. Asociaciones sociales, junto a profesionales sanitarios y sindicatos, exigen que el Gobierno de Canarias asuma las transferencias de la sanidad en las cárceles porque, según sostienen, se trata de una cuestión de vida o muerte.
La reivindicación no es nueva. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud estableció que en un plazo de 18 meses la atención sanitaria a las personas privadas de libertad debería integrarse en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar una asistencia equivalente a la del resto de la población. Sin embargo, más de veinte años después de su aprobación, solo Cataluña, Navarra y el País Vasco han asumido estas competencias sanitarias en el ámbito penitenciario.
Coste de los traspasos
A pesar de que la ley obliga a su integración en los servicios autonómicos de salud, la falta de acuerdo sobre el coste del traspaso ha llevado a un escenario donde el Ministerio del Interior sigue gestionando la sanidad en la mayoría de centros, recurriendo en ocasiones a la sanidad privada por falta de personal. Las vacantes no se cubren porque los médicos cobran en torno a 1.000 y 1.500 euros menos que sus compañeros en la sanidad pública y no es un destino atractivo, indican desde las organizaciones sindicales penitenciarias.
También, en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, el artículo 151 recoge que la comunidad autónoma puede asumir competencias en las prisiones. Sin embargo, las demandas de traspasos del Gobierno de Canarias se están centrando en otros ámbitos, como la cogestión de los aeropuertos o el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF), mientras que las cárceles no han sido objeto de esa ‘proclama’ que abandera el Ejecutivo canario sobre que quiere el máximo autogobierno. La asunción de competencias de las cárceles es un tema delicado y las comunidades dudan de que el traspaso venga acompañado de los fondos necesarios por parte del Estado.
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