Según el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, el coste del transporte de los presos no supondrá un problema para los presupuestos públicos. El Gobierno lo presenta como ahorro ya que asegura que pagará unos 8.500 euros al mes por cada recluso, mientras que el coste medio de mantener un preso en Suecia es de 11.500.
Prisiones al límite
La situación límite que se vive en los centros penitenciarios ha empujado la decisión del Gobierno de externalizar las plazas de prisión al extranjero. Ahora mismo, la tasa media de ocupación en los centros penitenciarios es del 141%, lo que provoca tensiones y graves incidentes en algunos centros.
Entre las causas de esta sobrepoblación está el auge del crimen organizado y el endurecimiento de la legislación penal que está llevando a cabo el Gobierno del país nórdico para luchar contra la violencia de las pandillas. En 2023, los tribunales de Suecia dictaron condenas de prisión que sumaban entre todas las sentencias 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior y el doble que hace 10 años. Además, el Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que recibe el apoyo de la formación de ultraderecha, Demócratas de Suecia, tiene previsto reducir la edad penal por delitos graves de los 15 a los 14 años como medida para acabar con el reclutamiento de adolescentes en las pandillas. El Ejecutivo ya ha dicho que modificará la legislación para introducir penas de cárcel de hasta 10 años para los menores de edad, que hasta ahora cumplen sus condenas en centros de acogida juveniles con penas que pueden ser, como máximo, de cuatro años.
Falta el voto en el parlamento
Con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Estocolmo y Tallin, ahora falta que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Suecia por una mayoría de dos tercios. En la votación, el Gobierno de centro-derecha necesitará el apoyo del Partido Socialdemócrata, que representa la formación con más diputados en el Riksdag.
Por ahora, los socialistas no han vetado el plan, pero se muestran escépticos en cuanto a la “externalización de la autoridad fuera de Suecia”, por lo que “existen muchas dudas y preguntas en torno a la legislación del acuerdo que se tendrán que resolver antes de que el partido pueda tomar una decisión”, según la portavoz de asuntos jurídicos del grupo parlamentario, Teresa Carvalho.
Para el Gobierno, el traslado de presos a Estonia es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países de la Unión Europea es similar. También se ha acordado que el personal que gestionará la prisión de Tartu será estonio, aunque se ha especificado que podrá hablar inglés y los reclusos podrán acceder a traductores e intérpretes. El Ministerio de Justicia también asegura que las condiciones en las celdas serán similares a las de Suecia, aunque las visitas de los abogados y las familias de los presos tendrán que pagar por su cuenta el viaje hasta Estonia.
Prisioneros aún más aislados
Quiénes sí que se han manifestado en contra de la medida son los sindicatos de los trabajadores de prisiones que, a la vez, dicen estar cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo en su trabajo debido a la masificación de las cárceles.
El sindicato Seko dijo que el plan del Gobierno es “indecente”, por poner en peligro los derechos de los prisioneros en cuanto a las limitaciones en el régimen de visitas, las barreras lingüísticas que pueden surgir, y los permisos de los prisioneros: “No puedo ver que la iniciativa conduzca a nada bueno”, dijo una portavoz, Gabriella Lavecchia.
Por otra parte, para la organización Civil Rights Defenders, se corre el riesgo de que “cuando una persona privada de libertad sea colocada fuera del país, quedará aún más aislada de su contexto”……..
