Desde el centro creen que por el momento los niveles de ocupación son asumibles, pero la tendencia es al alza y reconocen que deben estar vigilantes
DIARIO DE BURGOS (F.L.D.). FOTOGRAFÍA: IA.- El progresivo incremento de la población reclusa ha abierto en el ámbito penitenciario un sosegado debate en el que se llega a plantear la sostenibilidad del modelo actual a medio plazo. La tendencia, reconocen fuentes del penal burgalés, es «preocupante». Porque a día de hoy la situación es asumible, pero los ejercicios se cierran con incrementos de internos y la previsión es que esto se repita al menos durante los próximos tres años. Más criminalidad y más violenta, así como los cambios legislativos recientes podrían estar detrás de este fenómeno.
A día de hoy, la cárcel de Burgos cuenta con aproximadamente 360 internos, lo que supone un incremento aproximado del 12% con respecto a esta misma época del pasado año. Para entender la tendencia hay que retrotraerse a la pandemia, entre 2020 y 2022, cuando la población era inferior a las 300 personas. Es decir, se estaba casi en mínimos históricos.
Durante una visita del ministro Fernando Grande-Marlaska en esa época, se usó precisamente la escasa población reclusa para justificar que hubiera problemas a la hora de cubrir las vacantes de los funcionarios. Lo cierto es que desde entonces también se han sacado plazas y se ha logrado incorporar personal al centro burgalés, que está en niveles muy aceptables teniendo en cuenta que estaban bajo mínimos. Incluso en el caso de los médicos, otra de las plantillas mermadas, pues a día de hoy hay tres profesionales (aunque uno se encuentra en situación de baja).
El escenario actual, comentan fuentes de la prisión, permite a los trabajadores estar moderadamente tranquilos. Porque sí, a día de hoy se cumplen con las ratios y la situación es controlable. Pero la cosa podría empeorar sobremanera si continúa esa progresión al alza. El límite en Burgos, estiman las fuentes consultadas, estaría en los 400 reclusos. De ahí que consideren que hay que estar «vigilantes» durante los próximos años, porque la diferencia con la cifra actual no es excesiva.
El debate es el siguiente. Por capacidad, el penal burgalés podría acoger a 500 personas, aunque sería un caos. Lo cierto es que las condiciones serían muchísimo mejores si estuvieran en una situación en la que ni siguiera hiciera falta compartir celdas. Es decir, que la política carcelaria fuera la de un preso por habitáculo. Porque precisamente la ‘mezcla’ de diferentes perfiles de delincuentes hace que los problemas se incrementen.
Esta es una cuestión sobre la que hace bien poco alertó el sindicato Acaip-UGT a nivel nacional. «La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil», apuntaron en un comunicado para explicar que una excepción, la de que hubiera más de un preso por celda, «se haya convertido en la norma». «Los incidentes son la consecuencia de meter en el mismo espacio a más personas de perfiles muy diversos», concluían.
Informes internos que circulan entre el sector penitenciario tratan de buscar explicaciones a esta tendencia creciente de los presos en las cárceles españolas. En primer lugar consideran que las reformas legislativas, especialmente la del Código Penal en 2015 que modificaba la naturaleza jurídica de la libertad condicional, que ha provocado que muchos reclusos no se acojan a ella y alarguen su estancia en prisión.
Después, destacan estos análisis, entraría en juego la lógica. Desde la pandemia la delincuencia se ha incrementado a nivel general en España. No sólo eso, sino que los delitos son más graves (violencia sexual), lo que motiva un mayor internamiento, ya sea provisional o tras una condena en firme. Y esta situación parece que va seguir así.
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