El 78% de las plazas de medicina familiar en las prisiones están vacías. Expresas, juristas y colectivos anticarcelarios denuncian la desatención en los penales mientras la mayoría de las comunidades incumple la legislación y no asume sus competencias.
EL SALTO.(SARA PLAZA CASARES). FOTOGRAFÍA:I.A.– Querido amigo ‘Pope’, ¿qué tal tus riñones?, ¿pudiste ver a un médico?, ¿te han dado el tratamiento que necesitas? Espero que sí y que andes mejor de salud. Por aquí no traigo nada bueno. Supongo que no será ninguna sorpresa para ti. Hace unas semanas murió una compañera aquí. En Brieva, los módulos se designan por colores: el azul sería el de vida normal y el de amarillo de aislamiento. A veces tenemos talleres. Ese día estábamos todas en un taller, en una charla sobre estudiar. Ella intervino y la directora le dijo que se callase. Todas nos quedamos en silencio. De repente, todo se puso tenso. La directora la mandó a aislamiento. Mientras se la llevaban, poco a poco dejamos de verla, pero desde el taller la escuchábamos gritar. Algunas compañeras vieron cómo los carceleros la llevaban por los pasillos y le pegaban. Después un carcelero nos dijo que la habían matado de una paliza. Finalmente, la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. Nosotras, las presas del módulo azul, hicimos un plante en el patio hasta las once de la noche protestando y reclamando por lo que había pasado. Por aquí, hemos notado mucho su ausencia. Era muy querida, tenía novia y tenía amigas. Pero fuera no tenía familia. Los carceleros dormirán bien tranquilos sabiendo que este asesinato no llegará a nada.
Es 28 de mayo de 2026 y en el escenario, una muñeca de trapo redacta esta carta en prisión mientras una voz en off lee lo que escribe. Otro muñeco espera fuera de las rejas a recibir la carta. Un grupo de 30 personas asiste a la función desplegada por la compañía Títeres de Mano y Otros Objetos Incendiarios en colaboración con Traba, grupo anticarcelario transfeminista de València. Entre el público está el expreso Honorario Gómez Alfaro, más conocido como ‘Pope’, que observa a su personaje de trapo. Va a pasar diez días en huelga de hambre junto a otra activista, Ana, en una acampada que arropan diferentes colectivos. El teatrillo es una de las actividades programadas. De fondo, el Congreso de los Diputados y un grupo numeroso de periodistas que cubren otro acto.
Si se escribe en Google “presa muerta en la cárcel de Brieva” el único resultado que se obtiene es el de Rosario Porto, que se suicidó en su celda. Era una presa famosa, acusada de asesinar a su hija Asunta. Hay que rascar más para encontrar algo sobre el caso que la marioneta relata en la carta: una única entrada en el blog Tokata, un instrumento de comunicación de los presos en lucha. “Una presa muerta en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en muy sospechosas circunstancias” se titula la pieza. “No ha salido ninguna noticia de nada de ello en ningún medio de comunicación”, acaba la entrada, publicada el 11 de octubre de 2023.
Cuando finaliza la representación, Pope cuenta a El Salto que en las cárceles prima la seguridad del penal a la vida de la persona interna. “A ti te da un infarto en tu celda y no van a abrir corriendo. Van a llamar primero al jefe de servicio y él tiene que dar la orden a la torre de control, si lo considera. Mientras que abren, ya te has muerto”, expresa. Él estuvo 25 años en prisión y hoy su objetivo es señalar la falta de acceso a la sanidad en las cárceles. Por ello está en huelga de hambre frente al Congreso junto a Ana, otra activista, en una acampada apoyada por una treintena de organizaciones. Pasarán diez días sin ingerir nada sólido. Denuncian desatención en prisión, una desatención que puede llegar a la muerte.
Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias, publicado en 2024, ese año hubo un total de 148 fallecimientos dentro de los centros penitenciarios o en los hospitales de referencia. 141 eran hombres y siete mujeres. La edad media de los fallecidos fue de 50,8 años. Otros 34 fallecimientos ocurrieron en permiso u otras situaciones asimilables.
Un 78% de plazas médicas, vacías
Dentro de los penales en España, y según la legislación, debería haber equipos sanitarios compuestos por médicos de atención primaria, enfermería y psiquiatría. Pero estos equipos no siempre están completos. Cristina Rodríguez Yagüe es catedrática de Derecho Penal y Derecho Penitenciario y explica que la situación del derecho a la salud en prisión es, sin duda, uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el sistema penitenciario. A excepción de Navarra, País Vasco y Catalunya, ninguna de las demás Comunidades Autónomas ha cumplido el mandato establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que les daba un plazo de 18 meses para asumir la transferencia de la sanidad penitenciaria.
Esta medida buscaba garantizar el acceso a la sanidad universal de las personas presas, en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Así las cosas, en la mayoría de las comunidades la gestión de la sanidad depende de Instituciones Penitenciarias, organismo del Ministerio de Interior. La no asunción de las competencias por parte de las comunidades ha derivado, entre otras situaciones, “en una grave escasez de médicos y médicas en las cárceles, pues año tras año no se cubren las plazas que convoca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, situación que además repercute en la mayor carga laboral y asistencial para el personal sanitario que trabaja en prisión”, valora Rodríguez Yagüe.
En una respuesta parlamentaria al grupo Sumar, de 23 de marzo de 2026, tras una pregunta realizada en el Congreso, el Gobierno aseguró que en los 65 centros penitenciarios que hay en España, hay 467 plazas de médico o médica, pero 366 están vacantes, lo que significa que faltan el 78% de facultativos. Además, hay ocho centros sin médico.
“Las cifras muestran un abandono absoluto del derecho a la salud de un montón de gente. Las comunidades autónomas tienen que asumir sus competencias y desarrollarlas, nosotros tenemos un proyecto federal de país. Y ante esto está el derecho a la igualdad de todas las personas”, comenta Engracia Rivera, diputada de Sumar IU por Sevilla, quien firmó la pregunta al Congreso junto al otro diputado, Enrique Santiago.
“Antes de esto, en 2024, se presentó una PNL que se aprobó en la Comisión de Interior pidiendo que las comunidades ejecuten sus competencias en la asistencia sanitaria de las cárceles, pero nada se ha hecho”, explica Rivera. “Estamos en una época de punitivismo donde se pinta las cárceles como lugares de castigo, pero eso no quiere decir que abandonemos a las personas reclusas”, añade.
El Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo emitió un informe tras una visita a centros penitenciarios en 2025 con cifras “concluyentes”: en el Centro Penitenciario de Albacete, el déficit de personal médico era del 100%; en el Centro Penitenciario de Valladolid, del 86%, y en el Centro Penitenciario de Madrid IV se situaba en un 89%. El informe indica que esta situación supone “una sobrecarga de trabajo del personal de enfermería” e incluso la “ausencia del reconocimiento médico” en las situaciones de aislamiento de los internos. “Cuando no hay personal facultativo en el centro penitenciario, es el personal de enfermería el que filtra y toma la decisión de derivar al hospital a los internos, e incluso en algunos casos estas decisiones se adoptan por personal no sanitario”, añade.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican a El Salto que la administración “no es ajena a la realidad” y en prisión lo que se da es atención primaria, área donde escasean médicos también en el exterior. “Nosotros no estamos en una burbuja al margen. La falta de médicos no es un problema nuestro, es un problema social”, reconocen, mientras añaden que trabajan para garantizar la prestación sanitaria en prisión para lo que recurren a otras herramientas como la atención médica privada “de forma puntual”, personal interino y guardias telemáticas. Esto es, médicos que atienden en un centro utilizan la telemedicina para tratar a otros que están en otro penal.
Félix es médico de familia y lleva trabajando en prisión cinco años. En su penal hay presos en segundo grado y un módulo de familias con mujeres, niños y niñas. Además de medicina familiar, pediatría y ginecología acuden a prisión una vez cada quince días. En cuanto a medicina familiar, considera como “privilegiada” la cárcel en la que trabaja: «No estamos todos pero somos cuatro. En una cárcel cercana hay un médico contratado que pasa algunos días, y el resto hay telemedicina”. Este médico explica que uno de los problemas son los salarios, más bajos que si se trabaja para el servicio autonómico de salud. “Haciendo guardias, gano 300 euros menos al mes que un médico que trabaja en un centro de salud. Sin guardias gano 800 euros menos”, afirma.
Marta —nombre ficticio— es enfermera en un centro penitenciario. Desde que trabaja allí, hace un par de años, se han jubilado tres médicos y solo quedan dos médicas más otra contratada por horas. “Fines de semana y festivos estamos solas durante 24 horas. Una enfermera sola para 1.400 internos. Hacemos una gestión de las demandas urgentes y valoramos la posibilidad de sacar a la persona al hospital o esperar a que haya médico”, describe. Belén —también nombre ficticio— lleva 16 años y ha vivido la falta de personal médico “no solo en este periodo que no hay facultativos, sino también en otros”. Asegura que ha tenido que atender urgencias sin médico y que se han generado multitud de problemas “tanto a nivel personal de estrés y ansiedad, como de sensación de incertidumbre por el trabajo que estás haciendo, de estar descubierta legalmente, de estar en un limbo legal”, expresa.
“Antes de esto, en 2024, se presentó una PNL que se aprobó en la Comisión de Interior pidiendo que las comunidades ejecuten sus competencias en la asistencia sanitaria de las cárceles, pero nada se ha hecho”, explica Rivera. “Estamos en una época de punitivismo donde se pinta las cárceles como lugares de castigo, pero eso no quiere decir que abandonemos a las personas reclusas”, añade.
El Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo emitió un informe tras una visita a centros penitenciarios en 2025 con cifras “concluyentes”: en el Centro Penitenciario de Albacete, el déficit de personal médico era del 100%; en el Centro Penitenciario de Valladolid, del 86%, y en el Centro Penitenciario de Madrid IV se situaba en un 89%. El informe indica que esta situación supone “una sobrecarga de trabajo del personal de enfermería” e incluso la “ausencia del reconocimiento médico” en las situaciones de aislamiento de los internos. “Cuando no hay personal facultativo en el centro penitenciario, es el personal de enfermería el que filtra y toma la decisión de derivar al hospital a los internos, e incluso en algunos casos estas decisiones se adoptan por personal no sanitario”, añade.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican a El Salto que la administración “no es ajena a la realidad” y en prisión lo que se da es atención primaria, área donde escasean médicos también en el exterior. “Nosotros no estamos en una burbuja al margen. La falta de médicos no es un problema nuestro, es un problema social”, reconocen, mientras añaden que trabajan para garantizar la prestación sanitaria en prisión para lo que recurren a otras herramientas como la atención médica privada “de forma puntual”, personal interino y guardias telemáticas. Esto es, médicos que atienden en un centro utilizan la telemedicina para tratar a otros que están en otro penal.
Félix es médico de familia y lleva trabajando en prisión cinco años. En su penal hay presos en segundo grado y un módulo de familias con mujeres, niños y niñas. Además de medicina familiar, pediatría y ginecología acuden a prisión una vez cada quince días. En cuanto a medicina familiar, considera como “privilegiada” la cárcel en la que trabaja: «No estamos todos pero somos cuatro. En una cárcel cercana hay un médico contratado que pasa algunos días, y el resto hay telemedicina”. Este médico explica que uno de los problemas son los salarios, más bajos que si se trabaja para el servicio autonómico de salud. “Haciendo guardias, gano 300 euros menos al mes que un médico que trabaja en un centro de salud. Sin guardias gano 800 euros menos”, afirma.
Marta —nombre ficticio— es enfermera en un centro penitenciario. Desde que trabaja allí, hace un par de años, se han jubilado tres médicos y solo quedan dos médicas más otra contratada por horas. “Fines de semana y festivos estamos solas durante 24 horas. Una enfermera sola para 1.400 internos. Hacemos una gestión de las demandas urgentes y valoramos la posibilidad de sacar a la persona al hospital o esperar a que haya médico”, describe. Belén —también nombre ficticio— lleva 16 años y ha vivido la falta de personal médico “no solo en este periodo que no hay facultativos, sino también en otros”. Asegura que ha tenido que atender urgencias sin médico y que se han generado multitud de problemas “tanto a nivel personal de estrés y ansiedad, como de sensación de incertidumbre por el trabajo que estás haciendo, de estar descubierta legalmente, de estar en un limbo legal”, expresa.
Más allá de la falta de médicos
Ana se cobija a la sombra mientras asiste a la función de títeres frente al Congreso. Se ha unido a la huelga de hambre de Pope. “Estamos aquí por la desatención sanitaria, por el reguero de muertes que se produce en prisión cada año, por la falta de médicos”, describe Ana, quien asegura que tiene amigos en prisión, pero que su compromiso va más allá para paliar esta situación. “La ley está durmiendo el sueño de los justos y de alguna manera habrá que presionar”, admite y relata que, cuando la sanidad depende directamente de las comunidades autónomas, hay más recursos. Pero, avisa, tampoco es la panacea…………………….
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