La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura alerta de la ausencia de una política penitenciaria con perspectiva de género en un sistema diseñado por y para hombres, donde las mujeres sufren mayor desarraigo y una vulneración sistemática de derechos
ELDIARIO.ES (Sandra Moreno Quintanilla). FOTOGRAFÍA: IA.- Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.
Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.
Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.
Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.
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