Un sistema creado para orientar la gestión penitenciaria interna ha terminado influyendo en permisos, terceros grados y libertad condicional sin un marco claro de garantías judiciales.
(PARÉNTESIS MEDIA). FOTOGRAFÍA: IA.- RisCanvi nació en Catalunya hace década y media como una herramienta de evaluación del riesgo en las cárceles. Su nombre une dos palabras, “riesgo” y “cambio”, y su función original era ayudar a la administración penitenciaria a valorar la probabilidad de reincidencia, violencia o quebrantamiento de condena de las personas internas. Sobre el papel, era un instrumento técnico de apoyo, integrado en un protocolo y pensado para que los profesionales de prisión dispusieran de más información a la hora de tomar decisiones complejas. Con el paso de los años, sin embargo, su papel ha crecido hasta convertirse en una pieza de enorme influencia dentro del ecosistema penitenciario catalán. Y ahí empieza el problema: una cosa es que un algoritmo ayude a organizar el trabajo interno de las prisiones, y otra muy distinta es que sus resultados terminen condicionando, de facto, decisiones judiciales que afectan directamente a la libertad de una persona.
Eso es precisamente lo que revela el dossier de Público sobre RisCanvi: que un sistema diseñado para apoyar la gestión penitenciaria se ha deslizado progresivamente hacia el terreno judicial, donde fiscales y jueces lo utilizan como una referencia de peso al valorar permisos, progresiones de grado o libertad condicional. La investigación documenta que este uso se produce sin criterios homogéneos, sin formación suficiente y sin garantías claras sobre el contexto en que deben interpretarse esos resultados. El hallazgo central no es únicamente técnico. Es político, jurídico y social: cuando la predicción algorítmica entra en un ámbito tan sensible como la justicia penitenciaria, cualquier falta de transparencia o de control deja de ser un defecto administrativo para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales.
El caso de Omar —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad— resume con crudeza esa tensión. Interno desde 2011, con una evolución positiva en prisión y acompañado por profesionales externos en su proceso de reinserción, vio cómo su solicitud de tercer grado se complicaba por la aparición de un “RisCanvi alto” en el expediente enviado al juez. Esa calificación, según cuenta la investigación, ya había pesado antes en la denegación de un permiso ordinario. La escena es reveladora porque muestra cómo una etiqueta numérica o categórica puede acabar funcionando como un argumento de autoridad difícil de desmontar. No se trata de que el algoritmo decida formalmente. Se trata de que su resultado puede instalarse en el expediente como una advertencia silenciosa que condiciona toda la lectura posterior del caso.
Ahí reside una de las principales claves del debate. RisCanvi no actúa en un vacío. Forma parte de un sistema sociotécnico en el que intervienen funcionarios, juntas de tratamiento, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, fiscales y jueces. Dentro de prisión, según el propio protocolo, sus resultados deben interpretarse con cautela y siempre con contexto. La advertencia que ven los funcionarios cuando validan las evaluaciones indica expresamente que esos niveles de riesgo no deben condicionar por sí solos la decisión final y que han de leerse teniendo en cuenta el motivo y el contexto del caso. Pero fuera del entorno penitenciario, cuando esos mismos resultados aterrizan en sede judicial, el contexto se debilita o desaparece. Lo que para un técnico interno es una variable más, para un juez o un fiscal puede convertirse en una señal aparentemente objetiva, compacta y difícil de discutir.
La investigación de Público muestra que esa traslación del algoritmo desde la administración penitenciaria a la justicia se produce, además, en un escenario de gran disparidad. Algunas fuentes jurídicas sostienen que determinados juzgados de vigilancia penitenciaria otorgan al resultado de RisCanvi una relevancia casi determinante. Si el informe incluye un riesgo medio o alto, la barrera para obtener un permiso o una progresión de grado se vuelve mucho más difícil de superar. Otras instancias, como algunas audiencias provinciales, parecen hacer una lectura más matizada. Pero el hecho de que no exista un criterio uniforme ya es, por sí mismo, una mala noticia. En un ámbito donde está en juego la libertad, la desigualdad en el uso de una misma herramienta puede traducirse en desigualdad de trato.
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