Los populares admiten que “no es el mejor momento” para acordar nada ante la corrupción en Interior
EL PAÍS (Javier Casqueiro). FOTOGRAFÍA: IA.- En el enrarecido clima político actual, este jueves ha sido posible un inusual pacto en el Congreso de los Diputados para reconocer, al fin, a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. El acuerdo se selló hace casi un mes en la comisión de Interior, pero se refrendó hoy en un pleno, en el que se registró en la misma votación los apoyos del PSOE, el PP, el PNV y el resto de partidos representados en la Cámara, a excepción de ERC y EH Bildu. Salió adelante por 324 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. El reconocimiento era una reivindicación histórica de los sindicatos de prisiones y supone mejoras laborales y de seguridad y protección para los funcionarios a cargo de las cárceles, que llevan años quejándose de sus condiciones de trabajo. El PP admitió en su intervención, entre reproches, que no era “un buen momento” para alcanzar un acuerdo con el PSOE, en una cuestión que está relacionada con el Ministerio del Interior, porque lo consideran cercado de casos de corrupción.
No parecía un debate normal de los producidos en los últimos meses en el Congreso y seguramente no se reproducirá demasiado tampoco en los próximos. Este jueves, una amplísima mayoría de los portavoces acudieron a la tribuna para defender el acuerdo fraguado el 19 de mayo en la comisión de Interior ante una propuesta planteada por el PSOE con el apoyo del PNV. Una iniciativa que llevaba un tiempo parada, similar a otras que habían defendido el PP y Vox y que se habían congelado, y que conlleva la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 y sobre la que presionan desde hace mucho los sindicatos de prisiones.
La mayoría de los portavoces políticos que refrendaron el acuerdo tuvieron palabras de agradecimiento para los representantes sindicales y de los funcionarios que acudieron a seguir el debate en la tribuna de invitados y subrayaron el sentido “histórico” de sus demandas ante el creciente empeoramiento de sus condiciones de trabajo, con ataques violentos por parte de los reclusos, con casos de asesinatos, intentos de estrangulamiento o apuñalamientos, como denuncian sindicatos como Csif.
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