Interior refuerza las exigencias para estos dispositivos telemáticos. La mayoría son anticuados y funcionan con 3G
THE OBJECTIVE (Enrique Recio. Enrique Morales).FOTOGRAFÍA:I.A.- El Ministerio del Interior ha puesto en marcha la licitación de un nuevo macrocontrato de control telemático por 41,5 millones de euros. Tramitado por la vía de urgencia, incluye la adquisición y gestión de pulseras electrónicas y la operación integral del sistema para monitorear a presos en tercer grado, libertad condicional o con prisión domiciliaria. Un servicio mejorado que no admite interrupciones ni retrasos y con el que Instituciones Penitenciarias pretende adelantarse a posibles fallos como los que registraron las pulseras antimaltrato. La Fiscalía General del Estado reveló en su último informe que diversos errores en estas pulseras no permitieron conocer durante varios meses los movimientos de los maltratadores.
El nuevo contrato se refiere a los servicios de monitorización de personas sujetas a control que gestiona directamente Prisiones. Su uso no solo está destinado a agresores en casos de violencia de género con una orden de alejamiento. En el caso de Instituciones Penitenciarias, esta medida es opcional y su aplicación está condicionada a ciertos perfiles. Normalmente, se reserva para quienes cumplen condena por delitos graves. Puede darse el caso de que un interno obtenga un permiso de salida y lleve pulsera. Y que un recluso con el tercer grado no la porte. La semilibertad puede implicar, en lugar de ese sistema, la obligación de dormir en un centro de inserción social o la presentación periódica en el mismo.
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