DESINFORMÉMONOS (Alicia Alonso Merino). FOTOGRAFÍA: IA.- El 9 de agosto de 2021, Lara1, una mujer trans, denunció haber sido agredida en la cárcel de Valladolid por un funcionario que pretendía obligarla a desnudarse para verificar sus genitales. Según su testimonio, al negarse, recibió un golpe que le causó lesiones físicas persistentes. El caso fue archivado. Años después, el Tribunal Constitucional obligó a reabrir la investigación al considerar que no se garantizó una indagación suficiente de los hechos2. A día de hoy, el caso sigue pendiente en la justicia.
Este episodio no solo revela una posible agresión transfóbica en prisión. Revela algo más profundo: la facilidad con la que estas violencias pueden ser ignoradas, minimizadas o directamente silenciadas por las propias instituciones encargadas de garantizar derechos.
Cuando hablamos de cárcel hablamos de poder. Pero también de cómo ese poder organiza los cuerpos, las identidades y las vidas dentro de sus muros. Las dinámicas internas en las prisiones reproducen las lógicas patriarcales de construcción de la feminidad, consolidan los papeles dicotómicos asignados y multiplican la violencia.
Las cárceles están estructuradas sobre una división binaria: prisiones “masculinas” y “femeninas”. Sin embargo, esta clasificación ignora la existencia de identidades trans y no binarias, y las somete a una violencia estructural constante. La asignación de las personas en función del sexo asignado al nacer o de criterios anatómicos no solo niega su identidad, sino que las expone a condiciones que afectan gravemente su salud mental, emocional y física.
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