Sanidad y prisión
Una Ley de 2003 decretaba el traslado de la competencias de salud en la cárceles españolas a los distintos ejecutivos regionales pero 22 años después, tal y como denuncia AUG, se sigue incumpliendo.
ESDIARIO25: DAVID GONZÁLEZ FOTOGRAFÍA:PIXABAY
En 2024 se triplicaron las evasiones de presos en centros hospitalarios y clínicas médicas, produciéndose situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los guardias civiles, pero también del personal sanitario y de la ciudadanía. Este tipo de fugas suponen nada menos que el 60% de todas las registradas durante el año pasado, y la mitad de los intentos de evasión se producen en los hospitales y clínicas, habiendo aumentado un 22%.
Pero, ¿Cuál es el origen del problema? La situación de la sanidad penitenciaria. En nuestro país la competencia de la gestión sanitaria es de rango autonómico. La mayoría de las 17 Comunidades Autónomas han ido adquiriendo las competencias paulatinamente desde que comenzó el desarrollo del Estado de las Autonomías en 1979. Pero, ¿Qué pasa con las prisiones? En 2003 se aprobó una Ley para transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Una medida que, afirmaban todas las partes, beneficiaba tanto la calidad de la atención sanitaria de la población recluso como la seguridad ya que rebajaba el riesgo de fuga al disminuir el excesivo número de conducciones y custodias de presos a distintos centros sanitarios.
Sin embargo, más dos décadas después esto sigue sin hacerse realidad. El Defensor del Pueblo pone de manifiesto en sus informes la necesidad de que se materialice lo antes posible esta transferencia competencial, haciéndose eco de lo establecido por el comité del Consejo de Europa. Y en el mismo sentido se pronuncian otros organismos similares, como el Defensor del Pueblo Andaluz, que califica el actual modelo de sanidad penitenciaria como “caduco y llamado a desaparecer”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de su Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad, lleva años reclamando que se materialice la transferencia de la sanidad penitenciaria fijada en la Ley 16/2003, para lo cual ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios, así como con distintas instituciones y organizaciones, pero en los últimos meses ha intensificado su actividad en ese sentido y ha dirigido requerimientos a las comunidades autónomas implicadas, cuyo resultado se detalla a continuación, y la verdad es que es bastante desalentador, porque queda patente la escasa o nula predisposición de los ejecutivos autonómicos para llegar a acuerdos que atajen este problema.
La negativa de las Autonomías
Para AUGC esta clara la responsabilidad de los Ejecutivos autonómicos. El gobierno de Castilla y León rechaza iniciar las negociaciones para el traspaso de las funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria, porque considera que actualmente ese traspaso no podría garantizar la calidad de la prestación sanitaria para los internos sin que se perjudique económicamente a la comunidad autónoma, debido a la falta de profesionales sanitarios y la infrafinanciación por parte del Estado.
AUGC ha pedido que concreten el número de profesionales y la financiación que serían necesarios, pero el ejecutivo castellanoleonés ha contestado que “resulta inviable precisar qué circunstancias o requisitos concretos deben darse para que acepte iniciar las negociaciones y trámites”.
El gobierno de la Región de Murcia reconoce que en julio de 2024 recibió la propuesta del ejecutivo estatal para iniciar la negociación, pero un año después pretexta que “se encuentra en fase de estudio dicha cuestión”. Algo parecido ocurre con el ejecutivo de La Rioja, que “no contempla la posibilidad de presentar solicitud formal para el inicio de las negociaciones”, y no ha querido detallar a AUGC los motivos concretos.
Por su parte, el gobierno de Extremadura ha rechazado avanzar en el traspaso de estas competencias argumentando que “la situación de los servicios de medicina penitenciaria en los centros ubicados en nuestra comunidad autónoma es en la actualidad totalmente precaria” y que es el Ministerio quien debe solucionar esa situación.
El gobierno de Andalucía expone que no ha respondido a la propuesta del Ministerio porque “la contestación se encuentra pendiente de valoración de los distintos y complejos aspectos que comporta la tramitación de un proceso de traspaso de competencias”. Y el ejecutivo de Cantabria se opone a la propuesta del gobierno estatal porque “las condiciones del personal y gastos sanitarios no se consideran suficientes para la efectiva prestación del servicio, esperamos que se realice un nuevo planteamiento”.
En cuanto a la Comunidad Valenciana, la administración central señala que “ha contestado que se dará traslado de una respuesta a partir de septiembre”, pero ante el requerimiento de AUGC el gobierno autonómico dice que “no existe documentación dirigida a esta Conselleria desde el actual gobierno de España sobre el tema planteado”.
El ejecutivo de la Comunidad de Madrid contestó al Ministerio que estudiaría el ofrecimiento, y ha rehusado detallar a AUGC los requisitos necesarios para iniciar la negociación. Mientras que el gobierno de Aragón expresa se muestra favorable a negociar pero antepone “la necesidad de proceder por parte de la Administración General del Estado al pago de los saldos adeudados por los servicios realizados en materia de sanidad penitenciaria por el Servicio Aragonés de Salud”.
El gobierno de Castilla-La Mancha considera que debe diferirse el traspaso en esta materia debido al “contexto actual de déficit de profesionales sanitarios”. Por último, los ejecutivos de Galicia y Asturias ni siquiera han contestado a la solicitud que AUGC planteó hace casi medio año.
El papel del Gobierno central
No puede culparse solo a los ejecutivos autonómicos, porque lo cierto es que los sucesivos gobiernos de España llevan dos décadas arrastrando los pies en esta cuestión. El ejecutivo estatal no puede limitarse a enviar una carta una vez al año a las comunidades autónomas proponiéndoles el inicio de las negociaciones, sin concretar las condiciones y sin llevar a cabo los esfuerzos reales necesarios para poder materializar el traspaso competencial al que obliga la ley.
Además, mientras no se materialice la transferencia, es obligación del gobierno mejorar considerablemente las condiciones laborales y económicas de los médicos de la sanidad penitenciaria, para que no queden sin cubrir el 90% de las plazas que se convocan, como ocurre ahora.
En 2005 fue el Partido Popular el que registró una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias se transfirieran a las comunidades autónomas en el plazo fijado por la ley, por cierto aprobada por unanimidad. Tres años después, en 2008 fue Izquierda Unida quien presentó una iniciativa en el mismo sentido, igual que lo hizo Unidas Podemos en 2016, y Sumar en 2025 hace apenas unos meses. Además, el año pasado el Partido Popular instó en el Parlamento de Andalucía al ejecutivo de esa comunidad autónoma a avanzar en las negociaciones y a requerir al gobierno estatal los recursos económicos y humanos necesarios.
Enlace