Casi dos tercios de las plazas médicas en las cárceles de las islas están vacantes. Organizaciones sociales y sindicatos exigen al Gobierno regional que asuma las competencias a las que está obligado desde 2003 para frenar el colapso asistencial
CANARIASAHORA.(IVÁN SUÁREZ) FOTOGRAFÍA;IA.-Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.
Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.
La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció.
La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente.
Dos tercios de las plazas médicas vacantes
Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes.
Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.
Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”.
En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias.
Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. …………………………
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