Crecen las cárceles sin que crezca la delincuencia. La derecha responde con populismo punitivo y xenofobia; la izquierda, con eufemismos y estadísticas maquilladas. Ninguna de las dos explica quién llena realmente las celdas: pobres, enfermos mentales y drogodependientes expulsados por el modelo económico. Cataluña tiene competencias para gestionarlo.
ALHORA.CAT (Sheila Marín). FOTOGRAFÍA: IA.- «Las instituciones penitenciarias que regula esta Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.»
Artículo primero de la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria
La pena de prisión no puede justificarse normativamente como castigo. Esta premisa es disonante con el imaginario colectivo sobre la punición de los delitos. «Quien la hace, la paga». Este concepto, el de pagar, implica necesariamente un daño impuesto al infractor. Y es cierto que el daño no es incompatible con los objetivos de reinserción; de hecho, está implícito en privar a alguien de libertad. Ahora bien, lo incompatible con la norma es hacer de este daño el objetivo de la pena.
Cabe recordar, también, que el sistema penal se sostiene sobre un principio de mínima intervención o último ratio: sólo debe entrar en escena cuando todo el resto de medidas (no penales) han demostrado ser ineficaces para gestionar la situación. La pena de prisión es la pena máxima y, por tanto, debe ser la última.
Tomando la mirada hacia la realidad, es evidente que este principio se transgrede de forma generalizada. O quizás no es tan evidente, al menos para el conjunto de la sociedad que no se relaciona personal o profesionalmente con este mundo. ¿Tenemos presente quién ocupa las prisiones de nuestro país? ¿Somos conscientes de las consecuencias sociales de un abuso de castigos para tratar conflictos sociales? Les propongo una visión crítica del sistema penitenciario actual, para contrarrestar los mitos y discursos populistas-punitivistas que utilizan los delitos para justificar posicionamientos que poco tienen que ver con la seguridad material de los ciudadanos.
Todo parece indicar que vivimos un momento de aumento de actitudes punitivistas, pero los datos no van en la misma dirección en lo que se refiere a la preocupación sobre la inseguridad. Según el último Barómetro del Centro de Estudios de Opinión, la inseguridad ciudadana preocupa a un 9% de la población, por debajo de la vivienda o la insatisfacción con la política. No es un dato despreciable — es la cuarta preocupación—, pero no crece con la misma intensidad que los discursos en favor de endurecer las penas. La primera disonancia, pues, es entre punitivismo y seguridad.
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