Violencia de Género.
La académica habla sobre la política penitenciaria y la importancia de la reinserción y la resocialización de los condenados por violencia machista
EL PAÍS.(ISABEL VALDÉS). FOTOGRAFÍA:IA.- El saludo es: “No hay semana, no hay día tranquilo, es horrible”. Este viernes, cuando la doctora en Derecho y catedrática de Derecho Penal María Acale Sánchez coge el teléfono, José M. G. va a pasar a disposición judicial. Es el hombre detenido por la muerte de tres mujeres el pasado martes por la noche en Miranda de Ebro (Burgos), en un incendio que, según los indicios y las pruebas que ha recabado la policía, él provocó. Una de las mujeres era Dolores, su expareja, de 58 años; otra era la madre de esta, Antonia, de 78; y la tercera era Laura Valentina, una vecina de 24 años; hubo, además, cuatro personas heridas, entre ellas dos niños. Será la tercera vez que este hombre de 60 años entre en prisión. El detenido tiene antecedentes por violencia machista, secuestro y violencia sexual. Su última estancia en prisión fue apenas hace unas semanas. Las preguntas que han sobrevolado estos días por este caso han sido sobre todo tres: ¿por qué estaba en la calle?, ¿por qué no estaba vigilado?, ¿no se puede hacer nada con los agresores reincidentes?
Acale, que trabaja en la Universidad de Cádiz ―miembro también del Grupo de Estudios de Política Criminal, de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Société Internationale de Défense Sociale, y presidenta de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de las universidades españolas― dice que para ella hay una pregunta más importante que esas tres: qué es lo que se ha hecho durante el tiempo que este hombre ha estado en prisión para su reinserción.
Afirma que, desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, en 2004, es algo que le “preocupa”. Se refiere al artículo 42 de esa ley, que impuso como obligatorio que la administración penitenciaria estableciera programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia machista. En esa misma ley, se incluyó también la obligación de modificar el reglamento penitenciario para incluir esos programas, pero, más de 20 años después, aún no se ha hecho.
Pregunta. ¿Qué implica eso?
Respuesta. ¿Significa que no se está haciendo nada dentro de las cárceles con estos agresores? Yo doy por hecho que sí, pero se está haciendo sin una previsión, una organización por parte de instituciones penitenciarias para llevar de forma homogénea estos programas a todas las cárceles españolas. Depende de cada prisión, de cada director o directora, por lo que no hay una política penitenciaria homogénea en todo el territorio.
P. ¿Hay información pública sobre esto, sobre reinserción?
P. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que no?
R. Para aquellos con una pena corta, menos de dos años, y si no tienen antecedentes, el juez puede acordar que no entren en prisión, supeditada esa decisión a varias cuestiones, entre ellas pasar por estos programas. Aquí el penado, evidentemente, presta su consentimiento porque le interesa no entrar en prisión, tiene un aliciente. Más que el porqué están en la calle ciertos agresores, que lo están una vez han cumplido sus penas, hay que plantearse esto: ¿tienen opciones reales de realizar programas de tratamiento que les sensibilicen con el tema de la violencia de género? E incluyo también la violencia sexual, que es una modalidad de la violencia machista.
P. Entra aquí la cuestión de la idea de que penas más largas reducen los delitos.
R. La imposición de más penas no garantiza la disminución de los delitos. …………………
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