Los españoles encarcelados en el extranjero enfrentan condiciones y situaciones diferentes, desde Europa hasta América Latina y Asia. Aunque algunas experiencias son similares a las locales, otras presentan peligros, hacinamiento y violaciones de derechos humanos
HOY. (BLANCA MARTÍN RÍOS) FOTOGRAFÍA: REUTERS. Cada cierto tiempo sale a la luz el caso de algún español que se encuentra privado de libertad en alguna cárcel extranjera, ocupando minutos de actualidad en los que se señala la crudeza de las condiciones de su reclusión y la posible vulneración de derechos humanos, tanto en la investigación de los delitos como en la ejecución de las condenas finalmente impuestas.
Durante los últimos meses, la detención de Daniel Sancho, su ingreso en una prisión de Tailandia y su juicio han protagonizado las noticias en este sentido. Sin embargo, son más de 900 los españoles que se encuentran actualmente privados de libertad fuera del territorio español. La mayoría de ellos son hombres (un 88,5 %) y la mayor parte (alrededor del 57 %), por delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala. No obstante, también en un porcentaje considerable son acusados de robo, homicidio o asesinato (12 %).
La cifra de internos en cárceles extranjeras ha seguido una línea descendente desde 2018, especialmente acentuada durante la pandemia; sin embargo, al finalizar la restricción de movilidad se ha producido un lógico repunte. Aun así, se mantiene una clara diferencia con años anteriores cuando, hace una década, se superaba la cifra de 2 500 españoles presos fuera del territorio español.
Siendo muy similares tanto el perfil de los encarcelados (normalmente delincuentes primarios con necesidades económicas) como las conductas infractoras cometidas (la introducción de droga como «mula» en un país), las experiencias de las personas detenidas y las sanciones impuestas son significativamente diferentes en función del territorio donde se investigue el delito y se cumpla la pena, ya que muchas de las decisiones adoptadas en este ámbito dependerán de la situación económica del país y del mayor o menor compromiso con el respeto de los derechos humanos.
