El sindicato Acaip-UGT exige la cobertura de plazas para garantizar la prestación sanitaria en el recinto penitenciario
CADENA SER MÁLAGA (Ana Tere Vázquez). FOTOGRAFÍA: IA.- ACAIP-UGT ha alertado este miércoles de que el centro penitenciario de Málaga I, en Alhaurín de la Torre, podría quedarse prácticamente sin atención médica propia a partir del próximo mes de octubre, cuando finalicen los contratos de los médicos interinos que actualmente prestan servicio en el establecimiento.
«A esta situación se suma la próxima jubilación del único facultativo titular que figura para atender a las más de 1000 internos, lo que agravará aún más una crisis sanitaria que lleva años enquistada en las prisiones españolas» explica Francisco Macero, responsable nacional del sindicato.
«Reclamamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que actúe de forma inmediata y solicite la cobertura de las plazas mediante el nuevo proceso de nombramiento de médicos interinos que se está preparando a nivel nacional. La Administración dispone de una oportunidad para incorporar a los facultativos que integran las bolsas de interinidad y evitar que centros como Málaga queden desatendidos».
La situación «no es exclusiva de este centro. La sanidad penitenciaria atraviesa una crisis estructural sin precedentes. Más del 75% de las plazas médicas de las prisiones españolas permanecen vacantes y actualmente apenas 129 médicos atienden a más de 50.000 internos cuando la plantilla necesaria superaría los 500 facultativos».
«Esta falta de personal sanitario pone en riesgo tanto la salud de los internos como la seguridad de los trabajadores. En los centros penitenciarios se concentra una población con elevadas tasas de enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos y problemas de drogodependencia».
«La ausencia de médicos provoca retrasos en la atención, incrementa los traslados hospitalarios y dificulta la respuesta ante situaciones de urgencia».
«La solución definitiva pasa por el traspaso efectivo de la sanidad penitenciaria a los servicios autonómicos de salud, como establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desde 2003 y que continúa pendiente más de veinte años después. La Administración sigue sin adaptar los recursos humanos a la realidad actual de las prisiones. Mientras la población reclusa continúa creciendo y presenta perfiles cada vez más complejos, las plantillas permanecen infradotadas y los servicios esenciales, como la asistencia sanitaria, se encuentran al borde del colapso», apostilla.
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