No sirve la sospecha
La prisión de Teixeiro ha suspendido las comunicaciones al recluso ante la sospecha de que su novia hubiese introducido objetos prohibidos en el penal
PRISION INSIDER. FOTOGRAFÍA: PIXABAY. El pasado 7 de junio, Amélie Makiadi, de 26 años, llamó a la prisión de Fleury-Mérogis (Francia) para confirmar la visita a su hermano Aubin, prevista para la tarde. Sin embargo, al cabo de unos treinta minutos, una voz del otro lado del teléfono le dijo: “Ah no, su hermano ha muerto”. En solo un instante, había perdido para siempre a su compañero inseparable: “Nos decían Chip y Dale”. Si bien la administración penitenciaria concluyó que se trataba de un suicidio, su hermana sospecha que pudo haber actos de violencia: “Varias personas escucharon gritos y golpes la noche de su muerte”, declaró. Al identificar el cuerpo de su hermano en la morgue, Amélie descubrió su rostro hinchado y varias marcas en los hombros. “Lo que me permitió reconocerlo fue el dibujo en forma de estrella que tenía en el cabello; era yo quien hacía sus trenzas”. La familia interpuso una denuncia contra el establecimiento. No obstante, cinco meses después, la investigación aún está en curso y la familia sigue esperando el informe detallado de la autopsia.
A más de mil kilómetros de Francia, la familia Duduianu también espera respuestas. Frente a la prisión de Rahova (Rumania), que aloja a cerca de 1500 personas, se alzan dos villas una junto a la otra. Sobre sus fachadas color crema, se encuentran los retratos de dos hombres que observan a los transeúntes; uno de los cuales comenta: “Aquí todo el mundo los conocía”. Laurentiu, de 36 años, más conocido con el nombre de “Ciprian Pian”, uno de los jefes del clan del mismo nombre, falleció en julio en la prisión de Jilava, al sur de Bucarest, tras haberse quejado de dolores en el pecho, por los cuales no recibió atención médica. Unas semanas más tarde, Nicusor, de 42 años, otro líder del clan Pian, se desplomó al salir del consultorio médico de la prisión de Rahova. En su caso, tampoco se le brindó atención por sus dolores en el corazón. Sus familiares denuncian “condiciones dudosas” y prevén entablar demandas judiciales contra los establecimientos penitenciarios.
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas las muertes en prisión se consideran sospechosas y deben ser objeto de una investigación judicial independiente. Sin embargo, muchas familias consideran que esto es insuficiente y reclaman mayor transparencia, ya que a menudo se las deja al margen de las investigaciones. Algunas denuncian las fallas que habrían provocado la muerte de su ser querido mientras se encontraba bajo la responsabilidad del Estado, y otras ponen cuestionan la responsabilidad del personal de seguridad. Tras explorar el tema del suicidio en prisión, este segundo artículo se concentra en otra zona opaca: las muertes de personas privadas de libertad en las que las circunstancias son confusas y las respuestas, dudosas.
StreetPress y Prison Insider investigaron sobre las muertes calificadas de “sospechosas” en Francia, Rumania y Hungría, donde la tasa de mortalidad en las prisiones es particularmente elevada. El mutismo al que se confrontó StreetPress revela la ley del silencio que rodea los casos de las muertes en prisión, en los que se cuestiona la responsabilidad de la administración penitenciaria. Las preguntas se eluden y las visitas se rechazan.
Esta investigación consta de dos partes: la primera explora los suicidios en prisión, vinculados a la falta de atención psicológica y las condiciones de reclusión; la segunda se centra en las muertes sospechosas, que ponen de manifiesto la violencia institucional de las prisiones de Francia, Rumania y Hungría.
El presente artículo lo ha producido StreetPress, con la colaboración de Prison Insider, en el marco del proyecto La verdad sin velos, financiado por el European Media and Information Fund.
Frente a la entrada de la prisión de Budapest (Hungría), María, de apenas 20 años, se cubre con su abrigo negro mientras espera su turno, sin quitar los ojos de la puerta de la prisión en la que su esposo lleva dos años encarcelado. Con un dejo de preocupación en su voz, María declara: “La última vez que lo vi, me dijo que un guardia lo había golpeado por haber participado en una protesta con otros reclusos para pedir que aumentaran las raciones de comida”. En 2024, el Comité Helsinki Húngaro ─ONG de derechos humanos─ recibió 660 denuncias contra las prisiones del país, 21 de ellas por malos tratos.
Gabor Gyozo, abogado del Comité ha observado “un ligero aumento de las denuncias por agresiones físicas durante los últimos años”. En la prisión de Tiszalök, al noreste de Hungría, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) contabilizó “numerosas denuncias creíbles de malos tratos en 2024”. Fue en este establecimiento que Balazs, de 34 años, vio a algunos agentes golpear a varios de sus compañeros. “Tenía mucho miedo por él”, confiesa su madre, Safia, aterrorizada por el clima de terror que reina en esa prisión: “Un día, Balazs tenía fiebre y un guardia le prohibió cubrirse”, relata. El Comité exige que “todas las personas privadas de libertad que denuncien haber sido víctimas de malos tratos sean examinadas por un médico independiente y que las medidas de seguridad especiales solo se apliquen de manera excepcional”.
En Francia, la Inspección General de los Lugares de Privación de Libertad señaló que, en 2025, las interacciones entre las personas privadas de libertad y el personal de seguridad dieron lugar a 229 denuncias, de las cuales 79 por actos de violencia. “En la cárcel de Tarbes, había una celda, la 130, reservada para propinar golpizas a los reclusos. Pensaba que estas prácticas eran cosa del pasado, que se cometían hace unos cuarenta años”, se indigna la inspectora general, Dominique Simonnot. “En ocasiones, el personal reacciona de manera desproporcionada a las agresiones de las personas privadas de libertad, pero los abusos son muy aleatorios y difíciles de evaluar”, señala Wilfried Fonck, secretario nacional de la UFAP-UNSA Justice ─Sindicato penitenciario francés─.
En Rumania, Iacob, de 36 años, describe una realidad similar en la prisión de Giurgiu, al sur del país, donde estuvo encarcelado de 2009 a 2015: “Había una celda en la que se sometía a mis compañeros a golpizas y vejaciones tanto físicas como psicológicas. En 2013, varios miembros del personal golpearon hasta la muerte a dos hombres privados de libertad por distintos supuestos delitos. Algunos reclusos afirman que este tipo de abusos siguen ocurriendo”. En 2022, el CPT recogió testimonios que daban cuenta de repetidos golpes en la planta de los pies, un método de tortura conocido como “falaka”. El organismo reitera “la importancia de que el personal médico documente todos los casos de lesiones y de que la Fiscalía lleve a cabo un seguimiento riguroso”.
Unidades de intervención cuestionables
En Hungría, las personas privadas de libertad temen a los grupos de intervención especiales, creados en 1996 para actuar en situaciones consideradas de alto riesgo. Con cascos, capuchas y matracas, estos “hombres vestidos de negro” siembran el terror entre los reclusos, relata Janos, encarcelado durante tres años en la calle Marko, en el centro de Budapest. “Cuando nuestra organización aún podía visitar las prisiones, con frecuencia escuchábamos hablar de los abusos cometidos por estos grupos”, declara el abogado Gabor Gyozo. Sin embargo, desde la suspensión de los acuerdos entre el Gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán y la ONG en 2017, recopilar pruebas de violencia se ha vuelto casi imposible.
En Rumania, desde los años 1990 comenzaron a aparecer grupos de intervención encapuchados, conocidos como “los mascati”, cuyas actividades solo se reglamentaron a partir de 2010-2011. “Hace quince años, estos grupos actuaban sin ningún límite y golpeaban a las personas privadas de libertad hasta destruirles el hígado. Nosotros los veíamos y escuchábamos los gritos”, declara Andrei, rumano de cuarenta y tantos años, 22 de los cuales los ha pasado tras las rejas. Alexandru, encarcelado entre 1989 y 2002, añade: “Un sargento me golpeó con una barra metálica mientras dormía. Hasta la cama recuerda mi dolor”.
En Francia, son los equipos regionales y locales de seguridad, creados respectivamente en 2003 y 2017 tras algunos motines, los que concentran gran parte de las denuncias. “Una persona privada de libertad nos contó que hace poco una de estas unidades la desvistió por la fuerza, la registró con violencia y la mantuvo contra el suelo, desnuda”, relata el abogado Vincent Scuderoni, presidente de la Asociación de Abogados por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad (Association des avocats pour la défense des droits des détenus, A3D).
Difícil acceso a la información
En Francia, el Código de Procedimiento Penal prevé la “investigación sistemática de las causas de las muertes en prisión”. “Las autopsias de los cuerpos deben llevarse a cabo durante las 24 horas posteriores a la muerte. Al menos esta es la regla en Montpellier”, señala Eric Baccino, profesor de medicina legal. La administración penitenciaria rumana, por su parte, afirma que existen comisiones disciplinarias que investigan las faltas cometidas por el personal de seguridad” y declara que dos guardias fueron sancionados tras dos procedimientos internos llevados a cabo este año.
A diferencia de la mayoría de los países europeos, en los que los asuntos penales en el entorno carcelario son instruidos por los tribunales civiles, en Hungría, algunas investigaciones del personal penitenciario pueden confiarse a fiscales militares. “Existen mecanismos legales, pero como nadie quiere hacerse responsable de un drama, algunos miembros del personal penitenciario tratan más bien de disimular los hechos en lugar de asumir las consecuencias”, declara un antiguo funcionario de la administración penitenciaria que desea mantener su anonimato.
El abogado francés Antoine Ory denuncia la lentitud de las investigaciones, así como la falta de transparencia: “Tenemos la impresión de luchar contra la corriente y, a menudo, nos vemos confrontados a la falta de voluntad de las autoridades judiciales”. En 2022, la familia de Alassane Sangaré, hallado muerto en Fleury-Mérogis tres años antes, interpuso una demanda por homicidio preterintencional1. Djeneba Sangaré, de 42 años, tiene la convicción de que el personal de seguridad le propinó una brutal golpiza a su difunto hermano, y ha tenido que luchar para obtener la más mínima información: “En enero de 2023, ante la falta de respuesta, tuvimos que ir directamente al instituto médico forense para consultar el informe de la autopsia”. Y desde hace tres años, nada ha avanzado. “Hasta el sol de hoy, no hemos tenido ninguna noticia de las personas encargadas de la investigación”. Laurence Delleur, periodista y productora del documental Mitard, l’angle mort (Calabozo, punto ciego), declara: “La mayoría de las veces, esos casos ni siquiera llegan a juicio. Las familias se encuentran desamparadas y desconocen sus derechos”.
En Francia, el colectivo “Les mort.es de la prison” (las muertes en prisión), creado en 2006, contabiliza y alerta sobre las muertes que “suelen pasar desapercibidas”, como afirma su fundador, Roch-Étienne Noto, antiguo enfermero penitenciario. “Lo que resulta preocupante es el patrón que se observa tras estos casos: una breve reacción pública seguida del silencio institucional”, se indigna Violeta Podolianu, la abogada de la familia Duduianu.
En la tranquilidad de su despacho, en el centro de Bucarest, el vicepresidente del principal sindicato penitenciario rumano, Adrien Neagoe, se encoge de hombros: “la investigación, la reconstitución de los hechos, la visualización de las cámaras, todo eso toma tiempo”.
Para la familia de Constantin Sandu, de 36 años, fallecido tras una paliza propinada por varios guardias de la prisión de Galati, cerca de la frontera moldava, los resultados de la investigación tardaron tres años en conocerse. En junio de 2013, seis de los trece funcionarios enjuiciados fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por “complicidad en homicidio”, “malos tratos” y “falsificación de documentos”. Los demás recibieron penas suspendidas o a multas.
¿Cámaras ineficaces?……….
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