Las pruebas de los últimos días impiden que las aeronaves lleguen a su destino tras ser localizadas a distancia
EL PERIÓDICO: REDACCIÓN FOOGRAFÍA: PIXABAY
Los inhibidores de drones para impedir que estos artefactos introduzcan drogas o teléfonos móviles en los centros penitenciarios catalanes ya están funcionando. Y, considerando los resultados obtenidos hasta ahora, con un éxito notable. Así, en los últimos días varios de estos aparatos no tripulados que se dirigían a cárceles del país han acabado estrellándose contra el suelo antes de llegar a su destino.
Los departamentos de Interior y Justícia han estado diseñando este sistema durante meses para bloquear las señales que reciben los drones sin poner en peligro otras actividades o gestiones que se llevan a cabo en los recintos. Antes de que entren en acción estos inhibidores, son necesarios otros dispositivos: localizadores que, como su nombre indica, permiten detectar y seguir el recorrido que trazan estos aparatos.
La responsabilidad de la seguridad en el interior de los centros es de los funcionarios. Más allá de los perímetros de las cárceles, deben entrar en acción los Mossos d’Esquadra. Por esta razón, ambos cuerpos deben coordinarse de la mejor manera posible, sobre todo porque la alarma por la situación en prisiones como Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) o Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) se ha disparado últimamente.
Cuchillos sujetos
La medida sobre los drones ha sido compartida durante la reunión mantenida este martes por los responsables de la Generalitat con representantes de las plantillas. En este encuentro también se ha explicado que el personal que se desplace por las instalaciones con pulsadores de seguridad será localizado con exactitud cuando necesite ayuda y que todos los cuchillos de las cocinas estarán sujetos a las mesas para que los presos que trabajen en ellas no puedan manipularlos a su antojo.
Otro de los puntos relevantes de la sesión ha sido el anuncio sobre los escáneres corporales. La prueba piloto que se pondrá en marcha permitirá extraer conclusiones de las que se beneficiarán todos los recintos penitenciarios. Según la Administración, este sistema para detectar armas, sustancias estupefacientes, teléfonos o cualquier otro objeto prohibido no representa ningún peligro por radiación. Un concurso público determinará qué empresa será la concesionaria del servicio.
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