El Ayuntamiento promete que cumplirá la moción, presentada por el BNG pero con respaldo de los tres grupos, y señala que "el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones"
LA OPINIÓN. A CORUÑA (ENRIQUE CARBALLO). FOTOGRAFÍA: I.A.- En junio del año pasado, el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción del BNG que reclamaba que el Concello tomase las «medidas pertinentes» para que el Estado mantenga en buen estado la antigua cárcel provincial situada en las cercanías de la Torre de Hércules. El edificio, construido sobre una parcela originalmente del Concello, propiedad del Estado y con un procedimiento judicial abierto sobre su devolución, lleva años abandonado y deteriorándose, sin reparaciones de calado, junto al paseo marítimo. La moción del Bloque pedía adoptar medidas que forzasen al Estado a actuar y un «expediente sancionador», pero, aunque el Gobierno local prometió cumplirla, la oposición señala que no tiene noticia de ello. El Estado y el Concello no han respondido a las preguntas de este diario.
En el pleno de junio, el portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió en que el Estado «tiene que cumplir con sus obligaciones», y si no es así el Ayuntamiento debe «actuar con determinación» y en «defensa explícita del acuerdo plenario». Pero fuentes del BNG señalan que «el cumplimiento de las mociones por parte del Gobierno Local es manifiestamente mejorable», y no hay noticias de expedientes al Estado ni sanciones.
La moción incluía negociar con el Estado la negociación gratuita. Según una respuesta del Gobierno local al grupo municipal del PP, están «en negociación», realizando las gestiones «precisas» para una cesión lo «antes posible». En 2005, el alcalde Francisco Vázquez firmó un acuerdo para que el Estado devolviese el edificio al Concello a cambio de ceder una parcela, que ya entregó, y pagarle más de un millón de euros, pero los Gobiernos locales de PP y Marea Atlántica se negaron a pagar y acudieron a los tribunales para obtener la cesión gratuita. La Justicia dio entonces la razón al Estado, que reclamaba el monto del convenio e intereses legales, y el Gobierno local pactó un pago con el Ejecutivo central de 2,3 millones. El acuerdo, según el Ayuntamiento, permitía pagar menos intereses, pero la oposición lo bloqueó y el Estado fue a juicio reclamando el cumplimiento del acuerdo inicial.
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