Forzar una conexión entre migración y delincuencia, junto a la descontextualización y a la falta de estudios cualitativos, desvirtúa los datos e impide ver las problemáticas reales, según los expertos. El perfil de la persona que delinque, el tipo delictivo o la evolución demográfica de España son variables que tumban el relato que relaciona la llegada de migrantes con la criminalidad.
PÚBLICO.(ALEXIS ROMERO).FOTOGRAFÍA: PIXABAY. Es más que probable que en el año 2025 el dato no sea capaz de matar por sí solo el relato. Sin embargo, en determinados casos, incluso el dato desnudo y las cifras absolutas, sobre todo en lo relacionado con fenómenos sociales, pueden acabar siendo el sostén estadístico de relatos que no se adecúan a la realidad y que fuerzan problemáticas inexistentes.
La relación entre delincuencia y población migrante es, según los expertos consultados por Público, un claro ejemplo de cómo construir relatos con estadísticas descontextualizadas carentes de análisis cualitativos (absolutamente necesarios tanto para entender el fenómeno migratorio como la criminalidad). De hecho, según los últimos datos conocidos, en los últimos 20 años la población migrante en España ha aumentado mientras que los índices de criminalidad han descendido. La tasa de criminalidad convencional (que excluye la cibercriminalidad) se sitúa en España en 40,6 delitos por mil habitantes (en la banda inferior de la serie histórica), una de las más bajas del mundo.
En cualquier caso, apuntan los expertos, incluso con una criminalidad descendente en un contexto de aumento de población migrante, no hay elementos de peso para relacionar estadísticamente las dos variables. Las cifras absolutas, sin contexto ni comparativa, pueden terminar desvirtuando la lectura y las conclusiones que se sacan de las mismas. Por eso, los expertos señalan una serie de elementos que ayudan a desmontar la falsa relación entre migración y delincuencia
Sexo, género y evolución demográfica en la delincuencia
En el año 2023 la población total, según el Instituto Nacional de Estadística, era de 48.085.361, de los que 41.995.741 eran españoles (87,3%) y 6.089.620 eran extranjeros (12,7%). Sin embargo, la distribución de personas extranjeras era bastante desigual si se atendía a la cuestión de la edad. Mientras los foráneos representaban un 26,8% en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 40 años, esta cifra se reducía hasta el 15% en el caso de las personas extranjeras con 41 o más años.
Del total de delitos registrados en España ese año, el 72,2% (291.480) fueron cometidos por españoles, mientras que los extranjeros cometieron un 27,8% (111.714). Un 62% de estos delitos (del total, sin atender al origen) fueron cometidos por personas comprendidas entre los 18 y los 40 años, mientras que el 38% de los delitos restantes fueron cometidos por personas de 41 o más años.
Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga, explica que «la edad y el sexo son factores de riesgo del delito, eso está comprobado. La población joven y masculina tiene más cifras de delincuencia que la población femenina y la más mayor». Esto, junto al modo en que se ha invertido la pirámide poblacional en España (una población más envejecida que antes y con menor peso de los jóvenes) afecta a la estadística a la hora de comparar población migrante y delincuencia.
«Cuando viene población joven a nuestro país, igual que soportan nichos laborales que los españoles no queremos, es posible también que hayan podido ocupar sectores de delincuencia que los españoles no ocupamos por evolución demográfica. Cuando España tenía una pirámide poblacional en la que había más jóvenes que ancianos, la tasa de criminalidad era la misma, pero es que ahora los jóvenes españoles son menos. Los factores de riesgo a tener en cuenta en la delincuencia son la edad y el sexo, no el origen o la nacionalidad», apunta García.
El tipo delictivo: agresiones sexuales y delitos violentos
Los relatos que relacionan migración y delincuencia suelen asociar a este tipo de población con delitos muy concretos, aquellos relacionados con la violencia (robos, hurtos, lesiones…) y también las agresiones sexuales. En 2023 los extranjeros representaban alrededor del 30% en delitos como el homicidio (en todas sus formas), las lesiones, o los delitos contra la libertad e identidad sexuales, un porcentaje que subía hasta el 34% o 35% en el caso de los robos y los hurtos.
Sin embargo, en una comparativa temporal, este tipo de delitos han bajado (al igual que la tasa de criminalidad en general) coincidiendo con un aumento de la población migrante. En el caso de las agresiones sexuales, este delito se ha triplicado desde 2015, pero, recuerda García, justo en este año se llevó a cabo una reforma del Código Penal que comenzó a considerar como delictivos hechos que antes no lo eran, un factor al que la mayoría de expertos apuntan como el principal a la hora de que se hayan triplicado estos delitos, y no a la población migrante.
Un elemento que puede tener cierto impacto en la tasa de delincuencia tiene que ver con los delitos de falsedad documental, en los que sí que hay una participación mayor de población extranjera, pero esto «tiene que ver con sus necesidades de documentación en España y la imposibilidad muchas veces de gestionar su documentación con las embajadas y consulados», explica la catedrática.
Según el INE, en 2023 se cometieron 5.103 delitos de falsedad documental en España, de los cuales 2.150 fueron perpetrados por extranjeros, un 42% del total, un porcentaje bastante superior a la media de otros delitos y a la media general de la tasa de delitos de personas migrantes, que se sitúa por debajo del 30%.
La población reclusa y la migrante, otra falsa relación
Otro de los indicadores que algunos discursos emplean para relacionar el aumento de los migrantes con la criminalidad es el de la población reclusa. Según datos de Instituciones Penitenciarias, en el 2024 había un total de 59.226 personas en las cárceles, de las cuales 39.887 eran españolas (67,3%) y 17.693 eran extranjeras (32,6%).
Desde 1990 la tasa de población reclusa (y su distribución entre españoles y extranjeros) ha ido cambiando a lo largo de los años, situándose su pico máximo en el 2009 (76.079 presos, de los cuales el 64,3% eran españoles y el 35,7% eran extranjeros). Desde 2021 la población reclusa total ha ido en aumento y desde 2020 se ha ido elevando también el porcentaje de personas extranjeras en las cárceles (en una estadística fluctuante que ha ido cambiando).
Sin embargo, los expertos advierten del riesgo estadístico que supone relacionar la tasa de población reclusa con la delincuencia, y apuntan a varios factores. «Los datos de Instituciones Penitenciarias no nos muestran la realidad delictiva, sino el fracaso de la política criminal», explica García en este sentido.
El primer error estadístico pasa por hablar del cálculo de la «población migrante» en las cárceles. «Las estadísticas no hablan de inmigrantes, hablan de extranjeros. Cuando vemos la tasa de criminalidad sí que hay datos de inmigración porque detectamos por permiso de residencia y calculamos el porcentaje de inmigración irregular, pero cuando vamos a las tasas de delincuencia oficiales estamos hablando de extranjeros, y extranjeros pueden ser de muchos tipos. El extranjero es un género y la inmigración es una especie dentro de ese género», asegura García.
Por lo tanto, prosigue, «ya habría una confusión si empezamos a hablar de inmigrantes en prisión porque no sabemos quiénes son los inmigrantes; los podemos intuir sobre todos aquellos extranjeros extracomunitarios, pero aquí también caemos en errores, porque muchos de ellos no residían entre nosotros cuando cometieron el delito, fueron detenidos en el aeropuerto o, incluso, en el mar. Luego también están los turistas extranjeros que cometen delitos en España y son encarcelados. No puedes relacionar la población carcelaria con la población residente del país», insiste.
Otra cuestión que afecta a esta estadística es el hecho de que las personas migrantes tienen más fácil su entrada en la cárcel, pasan más tiempo en prisión y les resulta más difícil salir de la misma que a los españoles. Respecto a la entrada, hay varios factores. El primero tiene que ver con que los jueces en España dictan el doble de prisiones preventivas para las personas extranjeras que para las españolas por el riesgo de evadir la justicia que tienen. «Por esa decisión judicial, que está basada en la ley, ya estás sobrerrepresentando a la población extranjera en las cárceles, y no nos permite analizar las estadísticas carcelarias como si fuese la realidad de la delincuencia, no tiene nada que ver», explica García.
También entran más en prisión por su perfil: extranjeros, extracomunitarios, migrantes con un perfil étnico diferente y una posición social de desventaja, lo que los hace «mucho más seleccionables por el sistema penal, que se caracteriza por ser selectivo, no tiene capacidad para reaccionar a toda la tipología delictiva en todas las clases sociales y en todos los barrios, por lo que selecciona delitos, barrios y personas, y los inmigrantes son más seleccionables», apunta la catedrática.
Respecto a la mayor permanencia en prisión y a las mayores dificultades para salir respecto a los españoles, también tienen que ver con varios factores. El primero es que «cuando entran en prisión lo normal es que muchos de ellos tengan incoada una orden de expulsión; si la orden no se ejecuta hace que el tiempo vaya corriendo con el extranjero en prisión sin poderle conceder tercer grado, permisos de salida ni libertad condicional porque la prisión lo tiene que tener custodiado a expensas de que la Policía pueda ejecutar la expulsión; que a veces, incluso, no la ejecuta, lo que termina provocando que cumpla la condena completa, cosa que no ocurre con los españoles».
Otro factor a tener en cuenta es que cuando los extranjeros entran en prisión se les revoca el permiso de residencia porque así lo establece la Ley de Extranjería (en el caso de condenas mayores a un año). Con lo cual, una vez entran en la cárcel, están en situación irregular. El tercer grado y la libertad condicional se otorgan para que puedan trabajar en el exterior, pero si no tienen el permiso de residencia, no pueden trabajar y no se les concede el tercer grado.
Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también apunta que «para una persona que tiene redes cercanas en España es mucho más fácil acceder a un tercer grado que para una persona extranjera, que no tiene dónde ir, no tiene un entorno o una familia fuera». «Si entran más fácilmente, tienen la salida más difícil y pasan más tiempo en la cárcel, su estadística termina sobrerrepresentada porque la tasa de población reclusa es una estadística acumulativa», zanja García.
¿Es España insegura? Percepción frente a datos…………….
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