LEGAL TODAY (Luis Miguel Feito Iglesias). FOTOGRAFÍA: IA.- El reciente Código Penal aprobado por las autoridades talibán en Afganistán constituye un ejemplo paradigmático de macro criminalidad de género institucionalizada, en la medida en que no solo tolera, sino que normativiza la violencia contra las mujeres y las niñas como elemento estructural del orden jurídico interno. Este marco normativo, lejos de ser una mera opción legislativa regresiva, plantea interrogantes de primera magnitud para el Derecho penal internacional, el Derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, para la configuración de un futuro Protocolo internacional sobre violencia de género extrema y feminicidio.
Desde una perspectiva material, el nuevo código articula un sistema de dominio patriarcal absoluto al reconocer a los hombres un poder disciplinario sobre las mujeres dotado de amplia cobertura jurídica. La admisión expresa de la posibilidad de infligir violencia física en el ámbito doméstico, con consecuencias penales ínfimas o meramente simbólicas, revela una clara desvalorización de la integridad corporal y la dignidad de las mujeres frente a otros bienes jurídicos. La previsión de sanciones notablemente más severas para el maltrato de determinados animales que para las agresiones contra esposas o hijas ilustra la existencia de una jerarquía normativa en la que la mujer es tratada como sujeto subalterno y, en última instancia, como objeto disciplinable dentro de la unidad familiar.
Este esquema normativo se ve reforzado por disposiciones que configuran a las mujeres como sujetos jurídicamente incompletos, ya sea reduciendo su capacidad de actuación autónoma, subordinando su movilidad y participación en la vida pública a la autorización masculina o debilitando su posición procesal mediante restricciones probatorias y reglas probatorias discriminatorias. La combinación de estos elementos conforma un auténtico apartheid de género, en el que la pertenencia al grupo femenino determina una situación estructural de segregación, vulnerabilidad y exposición a la violencia, con respaldo directo del aparato estatal. En términos dogmáticos, no nos encontramos ante una suma de violaciones individuales, sino ante un diseño institucional que favorece la comisión reiterada de actos violentos y obstaculiza su persecución.
Sigue la noticia en LEGAL TODAY.
Enlace