Un tercio de los que se quitan la vida ya lo había intentado antes, según un estudio del CEJFE de la Generalitat.
20 MINUTOS (EFE). FOTOGRAFÍA:PIXABAY. Un tercio de los presos que se han suicidado en Cataluña lo habían intentado recientemente y un 80% estuvo en aislamiento el último semestre de vida, según un informe del Departamento de Justicia de la Generalitat que advierte de dos momentos en que el riesgo es clave: al poco de ingresar y un año antes de salir. El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha asegurado este viernes, durante la presentación del informe, que el grupo de trabajo conjunto con el Departamento de Salud está ultimando la revisión de los protocolos de prevención del suicidio en las prisiones para mejorarlos y actualizarlos porque “el entorno penitenciario ha cambiado”.
El informe ha sido elaborado por técnicos del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) de la Generalitat, con datos procedentes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del servicio de inspección de la Secretaría de Medidas Penales, y analiza 54 suicidios ocurridos entre enero de 2018 y junio de 2023 en las prisiones catalanas.
En lo que va de año son una decena los internos de las prisiones catalanas que se han quitado la vida, el último de ellos el mes pasado, lo que ha llevado al Departamento de Justicia a revisar los protocolos para prevenir los suicidios en los centros penitenciarios, mediante un plan de choque en colaboración con el Departamento de Salud.
Trastornos mentales y drogas
Una de las medidas que estudia la Generalitat es reforzar el seguimiento de los reclusos con antecedentes de autolesiones o trastornos mentales, en lo que coincide con los autores del informe, que revela que tres cuartas partes de los internos que se suicidaron sufría alguna alteración mental y un 36,6 % contaba con más de un diagnóstico psiquiátrico.
Un 63 % de los suicidas seguía algún tipo de tratamiento farmacológico por problemas de salud mental -un 11% por dolencias físicas- y más de tres cuartas partes consumía drogas, principalmente cocaína.
La mitad de los presos que se quitaron la vida se habían autolesionado previamente -en un 50 % de casos cuando aún no eran adultos- y un 30 % lo había intentado medio año antes de la muerte. Ese porcentaje, alerta el informe, es más elevado que el que apuntan estudios similares de otros países y resulta preocupante, puesto que solo un 16,6 % de esos reclusos con antecedentes había entrado en un plan de prevención del suicidio.
En ese sentido, los autores proponen un seguimiento de los presos con alguna tentativa de suicidio durante al menos los doce meses posteriores al intento, crear «planes de seguridad» individuales para las personas en riesgo, evitar los traslados de los internos que estén bajo un protocolo de prevención y hacer seguimiento de aquellos con toxicomanías, autolesiones y comportamientos violentos.
El estudio revela también que casi un 80 % de los presos que se suicidaron había estado en aislamiento en departamentos especiales (DERT) -a los que se suele derivar a los reclusos que han protagonizado algún incidente o agresión en la cárcel- y un 20 % había protagonizado una huelga de hambre como mínimo una vez durante su historial penitenciario.
Por ese motivo, el informe dedica un apartado específico de sus conclusiones a proponer medidas para prevenir los suicidios vinculados al régimen de aislamiento, a través de una atención individualizada que haga sentir al preso que «importa a alguien», facilitando la autonomía y el apoyo social de los reclusos -con mediadores interculturales en el caso de extranjeros- y restringiendo el acceso a medios que puedan ser empleados para autolesionarse.
Un 25% se suicida el año antes de salir
De acuerdo con los datos del estudio, un 25 % de los reclusos que se suicida lo hacen durante el primer año de ingreso y un 25 % el año antes de obtener la libertad definitiva -dos momentos clave que tanto este como otros informes internacionales identifican como «factor de riesgo». En otro 25 % de casos, la víctima había sido trasladada, había ingresado en un módulo restrictivo o se le había comunicado una sentencia desfavorable.
Asimismo, un tercio de los presos suicidas estaban en prisión preventiva, por lo que el informe propone que se lleve a cabo una «evaluación sistemática» del riesgo en cuanto una persona ingrese en la cárcel, especialmente si lo hace por primera vez, dado el «choque vital» que esa experiencia acarrea.
El informe traza un perfil de los presos que se suicidan en las cárceles de Cataluña: en una abrumadora mayoría son hombres, dado que solo un 9,26 % de las mujeres reclusas se quita la vida. Sin embargo, resalta, el índice entre la población penitenciaria femenina es diez veces más elevado que entre las que viven en libertad.
En un 85 % de casos, los presos analizados se quitaron la vida en la propia celda y cuando el recluso se encontraba solo. La noticia de una muerte de ese tipo en una cárcel puede provocar lo que se conoce como «clúster’ de suicidio», un contagio emocional sobre otros internos que los puede hacer más susceptibles a seguir comportamientos autodestructivos, añade el informe.
Por ese motivo, los autores del estudio subrayan que es importante la forma en que se comunica un suicidio en prisión y recomiendan crear un «espacio de comunicación» en cada módulo con profesionales que puedan mantener conversaciones con otros reclusos que puedan sentirse tentados a autolesionarse.
Espadaler
El grupo de seguimiento de la prevención de suicidios en los centros penitenciarios, formado por el Departamento de Salud y el de Justicia y Calidad Democrática, trabaja intensamente desde hace tiempo en el ámbito de la salud mental, ha contado Espadaler. Actualmente, este grupo prepara un plan de choque, con estrategias y actuaciones concretas a corto plazo para reducir las cifras actuales de suicidios en los centros penitenciarios. En este sentido, Espadaler ha avanzado que “la prevención es y será la principal herramienta de trabajo”. El objetivo es poner en el centro de las decisiones la salud física y mental de las personas vinculadas al régimen de internamiento.
La revisión periódica de protocolos, circulares y medidas tienen que ser entendidas como una parte sustancial de las políticas públicas, ha dicho, y ha añadido que hay que revisar y actualizar protocolos porque la realidad cambia.
Nuevas guías de prevención
En el acto, se han presentado también las nuevas guías de prevención del suicidio, con el fin de implicar todos los actores de la comunidad penitenciaria en la detección y prevención de situaciones de riesgo. Las guías proporcionan herramientas y pautas para identificar las señales de alarma e intervenir de manera rápida y efectiva.
Las guías incluyen protocolos específicos para profesionales, voluntarios, familias y personas privadas de libertad. Estos documentos plantean una acción coordinada y efectiva en la detección de personas en riesgo y pautas para actuar.
Durante su intervención, Espadaler ha insistido en la continuidad de proyectos y personas, como por ejemplo la formación especializada en ejecución penal, y ha señalado que la voluntad del Departamento es “continuar con esta línea de trabajo”, añadiendo que “además formación, más seguridad para todo el mundo”. En este sentido, ha anunciado la continuidad de Encarna Bodelón como directora del CEJFE.
También ha recordado que el modelo penitenciario catalán es diferente «en positivo» respecto a otros modelos, y que “no parte de cero, puesto que se ha hecho buen trabajo”. Por eso, “hay que preservarlo, consolidarlo y actualizarlo”.
Espadaler ha hecho una reflexión en torno a los datos de suicidios tanto a nivel mundial como las prisiones catalanas: “lo que pasa en las prisiones no es tan diferente a lo que pasa fuera”. En este sentido, ha remarcado que los centros penitenciarios y de justicia juvenil no están al margen de esta dura realidad. “Pero tenemos un plus, una obligación especial, de hacer todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta situación”, ha añadido.
