El Gobierno incumple el proyecto de hacer el nuevo psiquiátrico en la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra

Instituciones Penitenciarias fijó para inicios de este año 2026 la puesta en marcha de este servicio penitenciaria en el centro del municipio alcalareño

ABC SEVILLA (JESÚS DIÁZ). FOTOGRAFÍA: IA.- Corría el verano de 2023 cuando el Gobierno anunció que se había licitado por más de 5,8 millones de euros el contrato para la rehabilitación del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, la antigua cárcel de mujeres, «con el objetivo de transformarlo en un hospital psiquiátrico dependiente de la Administración penitenciaria». El periodo de ejecución previsto es de doce meses. El último plazo que le trasladó Instituciones Penitenciarias a los sindicatos de funcionarios es que empezaría a funcionar a principios de este año 2026, si bien, la realidad es un incumplimiento de la Administración central con Sevilla, pues actualmente sigue operativo el hospital psiquiátrico penitenciario en la cárcel de Sevilla 1, en Mairena del Alcor, donde ayer un preso mató a sus dos compañeros de celda, uno estrangulado y el otro a golpes.

Sindicatos CSIF o Acaip denuncian este retraso en un proyecto que consideran trascendental para mejor la operatividad de este tipo de instalaciones. Así, por ejemplo, la primera organización ayer señalaba que se «sigue a la espera de la puesta en funcionamiento del anunciado centro de Alcalá de Guadaíra, proyecto que se dilata en el tiempo sin fecha cierta».

Desde Acaip se exponía que el actual hospital está en una situación de «provisionalidad» a la espera de la adaptación de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá y advierten de los problemas que pueden generarse si no se actualiza la plantilla.

En el pliego de condiciones se recogía que la propuesta arquitectónica del nuevo centro «debe permitir tanto el desarrollo de los diferentes tratamientos que estos pacientes necesitan como permitir un trabajo de integración progresiva del enfermo en el entorno social y de recuperación de las capacidades perdidas, partiendo de una situación de mayor observación en la que debe ser tratada la persona con enfermedad mental por mandato legal, y que debe tender a ser lo menos disruptiva posible para su recuperación social».

 

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