ANÁLISIS
El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona repasa las prácticas autoritarias y métodos intimidatorios que sectores de funcionarios de prisiones ponen en práctica para forzar el retroceso a un modelo penitenciario puramente securitario
DIRECTA.CAT (Iñaki Riveira Beiras). FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DIRECTA.- El día 30 de abril de 2004, se produjeron graves incidentes en la cárcel de Quatre Camins, como reacción a los abusos que los presos denunciaban sufrir. Algo más de una veintena de reclusos fueron brutalmente golpeados, algunos muy gravemente, por funcionarios de prisiones. Numerosos presos fueron trasladados a otras prisiones en las que nuevamente fueron maltratados durante semanas. A raíz de lo ocurrido, desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona se solicitó autorización a la administración penitenciaria para poder entrevistar a los presos involucrados, lo que permitió escuchar las declaraciones en primera persona de muchos presos maltratados físicamente y humillados repetidamente.
La búsqueda efectuada por la OSPDH concluyó que numerosos presos fueron sacados a golpes de las celdas y trasladados a otras prisiones de Catalunya en represalia por la protesta en la que había resultado herido el subdirector de la cárcel. Durante los traslados, los presos también fueron golpeados, incluso en la enfermería de prisión por parte del entonces subdirector médico. Además, los presos que habían denunciado los malos tratos al OSPDH seguían sufriendo amenazas diarias, incluso a consecuencia de nuestras visitas para disuadirles de seguir adelante con sus denuncias.
Por todo ello, ya la vista de que no se adoptaban medidas de protección para los presos maltratados, el OSPDH decidió hacer públicas las alegaciones de maltrato sufrido por los reclusos como única medida de resguardo para ellos. Se publicó la información en varios periódicos y se llevó el caso al Colegio de Abogados de Barcelona, al Parlamento de Cataluña y ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT). Todo esto motivó la apertura de una investigación judicial que, nueve años más tarde, comportó la condena del subdirector médico y de cinco funcionarios de prisiones por parte de la Audiencia de Barcelona, por delitos de atentado contra la integridad moral y faltas de lesiones (aunque el Ministerio Fiscal y las representaciones de los presos acusaban por delitos de torturas). En 2015, esa sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo. Era la primera vez que algo así sucedía en Catalunya resultando ser un auténtico leading case en materia penitenciaria.
Algo había cambiado, pero todavía ignorábamos las consecuencias más profundas que con los años se constatarían. A partir de lo ocurrido tras los hechos de 2004 en la cárcel de Quatre Camins, y durante más de una década, el Observatorio sufrió una campaña persistente de graves ataques. Esto incluyó insultos, descalificaciones, amenazas personales en páginas web, en redes sociales y otros medios de comunicación, así como actos de hostigamiento y represalias por el trabajo de defensa de los derechos de los presos agredidos. Esta campaña tuvo como protagonistas a algunas organizaciones sindicales como UGT Prisons y CCOO Prisons.
La campaña de ataques en contra de la actividad del Observatorio se incrementó en noviembre de 2018. En efecto, después de dos años de trabajo, el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI) publicó un informe sobre violencia institucional en Cataluña, en el que se contabilizaban casos ocurridos entre diciembre de 2016 y septiembre de 2018. De todos ellos, el 68% se habría producido en contra de personas bajo custodia en centros penitenciarios. Yo mismo presenté este trabajo en el programa Tot se mueve de la televisión pública catalana, donde apunté a la existencia de presuntos casos de violencia institucional ocurridos en el Departamento de Régimen Cerrado (DERT) de las prisiones catalanas.
A raíz de esta intervención televisiva, varios sindicatos y asociaciones de funcionarios (CCOO, CSIF, ACAIP y casi 200 funcionarios de Marea Azul) interpusieron cuatro denuncias penales por injurias y calumnias, procesos que duraron tres años y tuvieron numerosas vicisitudes procesales. Todo esto provocó muchos daños personales, económicos, emocionales y profesionales, aunque nunca hubo acusación por parte del Ministerio Fiscal, quedando finalmente archivadas todas las diligencias que las organizaciones citadas sí mantuvieron hasta el final. Es un caso representativo de lo que se denomina uso indebido del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la libertad de expresión, con un evidente intento inhibitorio. Es decir, se alude al concepto de SLAPP (siglas en inglés del concepto Strategic lawsuit against public participation ), una acción judicial penal cuya intención es la intimidación y el silenciamiento de voces críticas.
Desde entonces han crecido los discursos y prácticas autoritarias de sectores de funcionarios que han aumentado su presión y métodos intimidatorios. Esto ha vuelto a ponerse de manifiesto con las protestas funcionariales y acciones de bloqueo de servicios penitenciarios (sin previas declaraciones de huelga), que han causado graves daños a presos y familiares, con una falta de respuesta gubernamental evidente. Han protagonizado incluso actos de boicot en actividades universitarias y jornadas culturales. Y han logrado finalmente imponer sus condiciones interviniendo -sin legitimidad para hacerlo- más allá de lo estrictamente laboral, en la política penal y penitenciaria. Pero hoy existen también nuevos actores: las personas privadas de libertad, las organizaciones de familiares y las entidades de derechos humanos. La dialéctica está clara: discursos y regímenes autoritarios en contra de derechos fundamentales.
A veinte años de los hechos de Quatre Camins, constatamos que -como Foucault apuntó hace décadas en La verdad y las formas jurídicas- la hegemonía del discurso institucional sobre que la cárcel ha quebrado. Ya no existe un único relato oficial. Esto es consecuencia de la observación independiente y del trabajo con los afectados. Esto hizo aparecer “algo que estaba escondido”, que diría Walter Benjamin en sus Tesis sobre la interpretación de la historia. Es decir, se ha visibilizado y dado voz a nuevos sujetos, provocando la aparición de nuevos hechos y, en definitiva, de una nueva narración, de un nuevo estatuto de la verdad más completo.
Michel Foucault y su Grupo de Información sobre las Prisiones avanzó esta ecuación hace medio siglo. Su trabajo sigue siendo fuente imprescindible para quienes no aceptamos los relatos dogmáticos, sino que, a pesar de los ataques que hoy también nos siguen profiriendo, buscamos en los pliegos interminables de la gramática del poder, aquella en la que confluyen los diversos actores de los conflictos y de las luchas. No lo olvidemos: hoy estamos en el cruce de un posible retroceso autoritario que pretende volver a un modelo puramente securitario.
Enlace