Un jurado popular juzga en Zaragoza a un funcionario penitenciario y a un preso por introducir móviles y objetos a cambio de dinero en Zuera
ARAGÓN DIGITAL.ES.(MARIO ROMÁN VALLESPÍ). FOTOGRAFÍA:PIXABAY. Un cohecho, vulgarmente conocido como soborno, es un delito que recoge el Código Penal y según el cual se produce cuando un funcionario público solicita, acepta o recibe un regalo o dinero de una persona a cambio de que éste actúe (o bien se abstenga de ello) en relación con sus funciones afectando inequívocamente a su imparcialidad dentro de la administración pública, a la cual ha accedido mediante una oposición. La Audiencia Provincial de Zaragoza vive esta semana un juicio por un presunto delito de cohecho que involucra a un funcionario del Centro Penitenciario de Zuera y un preso.
La sede judicial ubicada en Galo Ponte, acostumbrada a celebrar juicios con jurado popular por crímenes de sangre, ha elegido este lunes a los nueve ciudadanos y ciudadanas que decidirán el destino de ambos procesados, a quienes se les acusa de colar comida móviles, comida o ropa dentro de la cárcel para sacar un beneficio económico de ello. La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para cada uno, mientras que las defensas alegan la “falta de pruebas sólidas” que acrediten este comercio ilícito e involucren a sus clientes.
EL PRESUNTO MECANISMO DE LOS SOBORNOS EN ZUERA
Según el escrito de la acusación pública, David A. S. es un funcionario de prisiones destinado en Zuera entre 2019 y 2022, periodo que habría aprovechado para llegar a un acuerdo con Félix G. L, preso por otra causa, mediante el cual el empleado público introduciría diversos productos en función de las demandas efectuadas por los propios internos con los que se comunicaba el preso en cuestión, quien luego los distribuía entre el resto de reclusos. A cambio de estas operaciones, las ganancias por cada pedido podrían haber oscilado entre los 50 y los 700 euros, siempre en efectivo.
Todo este presunto entramado llegó a la Guardia Civil a través de tres indicios consecutivos en el tiempo. Fue durante la intervención de unos teléfonos móviles dentro de una operación de la Benemérita en Navarra contra el narcotráfico donde primeramente se habló de “un funcionario en Zuera que podría introducir droga en el centro penitenciario”. A esto se sumó la declaración de un testigo protegido (un preso) quien trabajaba en el economato de la prisión y aseguró haber recibido encargos consistentes en “llevar bolsas con paquetes de módulo a otro por encargo del funcionario acusado”.
“El funcionario me entregaba unos paquetes para que yo se los diera a un preso”, ha aseverado por videollamada el testigo protegido ante las preguntas de las partes y la Magistrado Presidente, M.ª Soledad Alejandre Domenech en esta primera sesión del juicio. No obstante, nunca llegó a mirar qué había en el interior de esos paquetes que el asalariado público dejaba en un cuarto de la limpieza para que él los recogiera y llevara a su destino. “Yo no le podía decir que no al funcionario, y aunque nunca vi directamente qué había dentro, sé perfectamente lo que había, no soy niño y había rumores”, ha afirmado este testigo. Ha hablado de “paquetes de patatas y bizcochos con teléfonos móviles en su interior”.
SIN REGISTROS, SIN VÍDEOS Y CON PAGOS EN EFECTIVO
Llegado el momento, este preso le contó esta información a un guardia civil y fue entonces cuando le tomaron declaración en calidad de testigo protegido, encontrándose ya en la cárcel de Tarragona. Precisamente el agente del Instituto Armado encargado de redactar el atestado ha contado la mecánica de cómo se gestionaban las transacciones y encargos entre el preso y el funcionario. “Félix contactaba con sus novias para que entregaran móviles y ropa a David, a quien le pagaban, y era él quien las introducía en paquetes en calidad de empleado público”, ha declarado el agente, quien ha insistido ante el jurado que no se trató de «algo puntual».
