Ángel Gabilondo ve "difícil" poder asumir una investigación al respecto, incluso aunque el Congreso se lo encomiende.
PÚBLICO: PILAR ARAQUE CONDE FOTOGRAFÍA: PIXABAY
Activistas pro derechos humanos, personas torturadas, científicos y juristas, entre otras personalidades, se darán cita en Madrid los próximos 30 de septiembre y 7 de octubre para «abrir el debate» como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español. «El objetivo de las jornadas es informar de lo ocurrido durante décadas en las cloacas del Estado español, donde se ha torturado salvaje e impunemente con la connivencia de poderes públicos, fuerzas políticas, jueces, medios de comunicación y el silencio de instituciones como el Defensor del Pueblo», subrayan los organizadores.
Quienes convocan el evento, que será acogido por el Teatro del Barrio (Madrid), tienen a sus espaldas una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Se trata de Jorge del Cura (forma parte del Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura), Pedro J. Larraia (trabajó muchos años en Amnistía Internacional en casos relacionados con la tortura), y Juan Ignacio Ruiz-Huerta (fue jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo).
Los organizadores enmarcan esta actuación, en parte, en el rechazo del Defensor del Pueblo a presentar un informe extraordinario sobre la tortura en España ante el Parlamento. Esta situación se remonta a hace poco más de un año, cuando los tres mantuvieron una entrevista con el alto comisionado de las Cortes Generales, Ángel Gabilondo. En dicha reunión, celebrada el 4 de julio de 2024, le hicieron entrega de la «documentación acreditativa de la tortura que obraba en nuestro poder».
En ella, figuraba una copia de los tres trabajos llevados a cabo por el Instituto Vasco de Criminología, que han resultado «decisivos sobre esa terrible realidad». Se trata del Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014 (diciembre 2017); Investigación de tortura y otros malos tratos en Nafarroa (1960-1978)-Fase I (diciembre 2022); e Investigación de tortura y otros malos tratos en Nafarroa (1979 a la actualidad)-Fase II (diciembre 2023).
Estos informes concluyeron que, desde 1960, se han producido en los cuatro territorios forales unos 6.000 casos de tortura por parte de agentes de la autoridad –en ocasiones con el resultado de muerte– acreditados por medio del denominado Protocolo de Estambul. Por otro lado, el forense Francisco Etxeberria Gabilondo ha estimado que la cifra de torturados en estos territorios, desde 1960 hasta 2014, estaría en torno a las 20.000 personas, pero que «podrían ser aún más, porque muchos torturados tienen un profundo rechazo psicológico a someterse a las pruebas del Protocolo de Estambul y revivir de nuevo situaciones muy traumáticas», suscriben.
Asimismo, le pidieron que elaborara un informe extraordinario sobre la práctica de la tortura en todo el Estado español en las últimas décadas (1978 -2014) y que lo trasladase al Parlamento, a fin de que «nuestros representantes políticos llevasen a cabo un acto de reconocimiento a las víctimas de la tortura, como gesto de reparación por el daño sufrido injustamente», cuentan en su misiva remitida a Gabilondo.
Según avanzan los organizadores a este medio y ratifican en la descripción de las Jornadas contra la tortura, el propio Defensor del Pueblo les señaló que «sabía bien de qué le estaban hablando». «Pertenece a una sociedad -la vasca- muy sensibilizada con esas vulneraciones de derechos humanos». En el encuentro del 4 de julio de 2024, Gabilondo se mostró «interesado» en su solicitud, y les propuso abrir “una ronda de encuentros” para buscar la mejor forma de dar cauce a la iniciativa.
Si bien, poco después, recibieron una llamada de su gabinete técnico, en la que se les indicó que se dirigieran por escrito para formular sus propuestas sobre la posibilidad de instituir alguna forma de reparación a las víctimas de la tortura, según relataron en la misiva enviada a esta institución el pasado 6 de febrero para dar respuesta a la petición trasladada desde esta institución.
El Defensor del Pueblo ve «difícil» realizar una investigación
Tras hacer lo propio, el Defensor del Pueblo acusó recibo, pero no de la forma que Del Cura, Larraia y Ruiz-Huerta esperaban. Según la carta a la que ha tenido acceso este medio, Gabilondo les remitió a la comisión de estudio creada al albur de ley de Memoria Democrática, cuya finalidad es «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura».
En todo caso, insistió en concentrar los recursos «limitados» de dicha institución en la investigación de las actuaciones de las administraciones que afectan a los «derechos fundamentales en el momento actual». También, destacó los 14 informes anuales realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), un órgano independiente que para el colectivo debería estar adscrito a esta institución, y el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque reconoció la posibilidad de que puedan abordarse a través de informes extraordinarios «cualesquiera cuestiones con independencia de su ámbito temporal», se escudó en que «lo habitual» es investigar las conductas irregulares de los poderes públicos que «están aconteciendo en la actualidad frente a las que pudieran haber ocurrido en el pasado»
Existen ejemplos recientes de otros informes elaborados con «carácter urgente», como el que recoge las actuaciones ante la pandemia de la covid-19, y otros que se ocupan de sucesos «lejanos en el tiempo«, como el publicado en 2023 sobre «los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos». En lo relativo a este último, Gabilondo explicó que se trataba de una encomienda «en forma de proposición no de ley» del Congreso.
Ante la insistencia de los solicitantes de que el Defensor elabore “un informe extraordinario sobre la tortura”, fuentes cercanas a Gabilondo precisan que «solo a través de una encomienda del Parlamento se podría abordar la elaboración de un informe de esta naturaleza«. Pero, al mismo tiempo, reconocen que dicha petición «difícilmente podría realizarse en esta institución con los medios de los que dispone».
En ese caso, las víctimas de torturas y los expertos en la materia pondrán la primera piedra a partir del próximo martes para concienciar sobre la importancia de que se impulse desde las instituciones una investigación. Esta herramienta, según los organizadores de las jornadas, servirá para que los representantes públicos resuelvan si cabe adoptar alguna «iniciativa reparadora de la dignidad de las víctimas que les reconozca el daño injustamente sufrido».
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