TJUE, Gran Sala, 03/11/2026. Asunto C‑583/24 [Tagu]. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (OTROS). ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA PARA EJECUTAR UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE. PROPORCIONALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON RESPECTO AL DELITO OBJETO DE LA ORDEN DE DETENCIÓN.

Organo Judicial: TJUE
Tipo de disposicion: Sentencia
Numero:
Voz: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Subvoz: Otros
Fecha: 19 noviembre, 2026

Texto:

TJUE, Gran Sala, 03/11/2026. Asunto C‑583/24 [Tagu]. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (OTROS). ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA PARA EJECUTAR UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE. PROPORCIONALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON RESPECTO AL DELITO OBJETO DE LA ORDEN DE DETENCIÓN.

La petición de decisión prejudicial se refiere a un procedimiento relativo a la ejecución, en los Países Bajos, de una orden de detención europea dictada contra DZ con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad firme de siete años de prisión impuesta en Rumanía por un delito consistente en la importación al territorio rumano de «drogas de riesgo y de alto riesgo».

El órgano jurisdiccional remitente expone que el Derecho rumano prevé la posibilidad de reducir la pena. Sin embargo, la autoridad judicial emisora indicó que, en el caso de DZ, no concurrían circunstancias atenuantes. Además, señaló que, aun cuando hubiera podido acogerse a una reducción de la pena y se hubiera aplicado tal medida, no habría sido posible proceder a la suspensión de la ejecución de la pena que se le había impuesto debido a su duración.

El órgano jurisdiccional remitente indica que el abogado de DZ se opuso a la entrega de su cliente, alegando, ante dicho órgano jurisdiccional, que la pena privativa de libertad que se le había impuesto era desproporcionada y, por lo tanto, contraria al artículo 49, apartado 3, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Dicho artículo dispone que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción y concreta, como se desprende de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, el principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas consagrado por las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

El TJUE en resoluciones anteriores ha reconocido, sujeta a ciertas condiciones, la facultad, o incluso la obligación, que tiene la autoridad judicial de ejecución de abstenerse de dar curso a una orden de detención europea, basándose en el artículo 1.3 de la Decisión Marco 2002/584, cuando, en caso de entrega de la persona de que se trate a la autoridad judicial emisora, exista un riesgo real de vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 4 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), 7 (derecho al respecto de la vida privada y familiar), 24 (derechos del niño) o 47 (derecho a la tutela judicial efectiva ante un juez imparcial) de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

 

En este asunto, el TJUE declara que:

  • El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, interpretada a la luz del artículo 49, apartados 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a que la autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea dictada con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad por considerar que esa pena es desproporcionada habida cuenta de las circunstancias específicas que caracterizan el delito que dio lugar a dicha pena, cuando tal autoridad no disponga de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que pongan de manifiesto un riesgo real de violación, en el Estado miembro emisor, del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas consagrado en la referida disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales, debido a la existencia, bien de deficiencias sistémicas o generalizadas, bien de deficiencias que afecten más específicamente a un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado. Tales deficiencias solo pueden constatarse cuando la normativa o la práctica jurisprudencial del Estado miembro emisor sobre cuya base se haya dictado la pena privativa de libertad de que se trate viole ese principio de manera manifiesta y grave —en particular, porque no permiten al órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro emisor tener en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto relacionadas con la gravedad del delito cometido a efectos de la modulación de la pena impuesta, en su caso, dentro de la horquilla establecida por la mencionada normativa o de las posibilidades de reducción de la pena previstas en ella o mediante una recalificación de la infracción— y no exista, en el referido Estado miembro, un recurso judicial efectivo que permita subsanar tal violación.

 

Ver Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI).

Ver Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.

Ver Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

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