TEDH, Sección 5ª, 03/09/2026. DERECHOS FUNDAMENTALES (PRiSIÓN NO ADAPTADA A MOVILIDAD LIMITADA DE SILLA DE RUEDAS, VIOLACIÓN ART. 3 CEDH. FALTA DE RECURSO FRENTE A ELLO, VIOLACIÓN ART. 13 CEDH. PRESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA TRAS DENUNCIA. VIOLACIÓN ART. 34 CEDH)

Organo Judicial: TEDH
Tipo de disposicion: Sentencia
Numero:
Voz: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Subvoz:
Fecha: 16 noviembre, 2026

Texto:

TEDH, Sección 5ª, 03/09/2026. DERECHOS FUNDAMENTALES (PRISIÓN NO ADAPTADA A MOVILIDAD LIMITADA DE SILLA DE RUEDAS, VIOLACIÓN ART. 3 CEDH. FALTA DE RECURSO FRENTE A ELLO, VIOLACIÓN ART. 13 CEDH. PRESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA TRAS DENUNCIA. VIOLACIÓN ART. 34 CEDH)

BELOUS contra UCRANIA ■  Solicitud n.º 20068/21

Hechos ■ El solicitante, un preso condenado a cadena perpetua, había estado detenido desde abril de 2012 en la prisión de Zhytomyr, excepto durante un período de cinco semanas (entre agosto y septiembre de 2019), cuando estuvo detenido en el hospital penitenciario de Bucha.

El solicitante se quejó de las condiciones materiales inadecuadas de su detención (falta de ventilación, calefacción y agua caliente; falta de separación adecuada entre los baños; acceso insuficiente a luz natural y aire fresco, etc.). Además, al estar parcialmente paralizado y en silla de ruedas, se quejó de que la prisión no estaba adaptada a sus necesidades, lo que le impedía participar en actividades fuera de su celda. También dependía de la ayuda de su compañero de celda para ir a los baños una vez cada dos semanas.

La segunda parte de la denuncia se refería a las presiones ejercidas sobre el solicitante por la administración penitenciaria tras la presentación de su solicitud ante el Tribunal. Alegó, en particular, que había sido amenazado por el funcionario de rehabilitación penitenciaria, sometido a registros repetidos y excesivos de su celda y a la incautación de sus pertenencias personales, que se había intentado trasladarlo a una celda «peor» y que lo habían dejado solo en su celda durante varios días después de que su compañero de celda fuera trasladado a una celda de castigo.

Ley ■ Artículos 3 y 13

(1) Admisibilidad

El Tribunal consideró que la detención del demandante en el hospital penitenciario de Bucha durante cinco semanas, entre agosto y septiembre de 2019, puso fin a la situación de condiciones de detención inadecuadas denunciadas. Por consiguiente, consideró que la denuncia del demandante relativa a su detención anterior al 4 de agosto de 2019 estaba prescrita y, por lo tanto, era inadmisible.

(2) Méritos

El Tribunal determinó que el solicitante disponía de entre 2,9 y 3,3 metros cuadrados de espacio personal durante su detención. En cuanto a otros aspectos de su detención, el Tribunal observó que las alegaciones del Gobierno se basaban únicamente en un certificado expedido por un funcionario penitenciario que describía aspectos generales de su reclusión. Además, dado que el centro penitenciario no estaba adaptado a las necesidades de las personas en silla de ruedas, el Tribunal observó que el solicitante pasaba casi 24 horas al día en su celda sin poder participar en actividades, acceder al aire libre ni llegar a los baños de forma independiente. Asimismo, aunque necesitaba ayuda para usar el inodoro y tenía que lavarse en el lavabo de la celda, el personal penitenciario no le prestó asistencia alguna.

Conclusión ■ Violación de los artículos 3 y 13.

Ley ■ Artículo 34

El Tribunal declaró desde el principio que extrajo “fuertes inferencias del hecho de que el Gobierno no proporcionó ninguna observación específica en respuesta a las alegaciones del demandante sobre presiones verbales y amenazas” (§ 18).

En cuanto a los registros a los que fue sometido el solicitante, y señalando que junto con los objetos prohibidos, también se incautaron objetos comunes “cuya presencia previa difícilmente podría haber pasado desapercibida” (ibíd.), el Tribunal concluyó que fueron “reactivos y excepcionalmente exhaustivos en lugar de rutinarios” (ibíd.).

En cuanto al propósito de esos registros y las demás medidas alegadas (el intento de trasladar al solicitante a una celda más alejada de los baños públicos, el confinamiento del compañero de celda del solicitante en una celda de castigo durante varios días), el Tribunal observó que, si bien el solicitante había argumentado sistemáticamente que estas medidas constituían una presión destinada a obligarlo a retirar su solicitud, el Gobierno no aportó ningún elemento que refutara esta interpretación, incluidos los informes de las investigaciones internas.

El Tribunal subrayó que el solicitante se encontraba en una situación de particular vulnerabilidad, ya que, como “preso con cadena perpetua, [tenía] un contacto limitado con el mundo exterior y [permanecía] permanentemente bajo el control exclusivo de las autoridades penitenciarias, que [tenían] a su disposición diversos medios capaces de agravar su situación”, entre ellos, privarlo de la ayuda de su compañero de celda (§ 20).

Por consiguiente, el Tribunal consideró que los elementos que obraban en su poder eran “suficientes para que el Tribunal concluyera que el demandante pudo haberse sentido razonablemente intimidado por las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias tras su recurso ante el Tribunal” (§ 21).

Conclusión ■ Violación del artículo 34.

Artículo 41 ■ 12.000 EUR en concepto de daños no pecuniarios; 1.000 EUR en concepto de costas y gastos.

 

Fuente: www.prisonlitigation.org

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