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STC 77/2008, de 7 de julio. INFRACCIONES Y SANCIONES (DERECHO DE DEFENSA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA). Se estima parcialmente la demanda de amparo. En el marco de un expediente disciplinario, no hay vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa por habérsele denegado al recurrente el acceso al material probatorio de cargo consistente en el parte de incidencias que motivó la incoación del procedimiento sancionador. Se ha constatado que el contenido de los partes que dieron lugar a la incoación del expediente fue incorporado en sus propios términos al pliego de cargos, por lo que ninguna indefensión se ha deparado al recurrente porque no se le diese copia de dichos documentos. No hay tampoco vulneración del art. 24.2 CE por haberse denegado al recurrente la práctica de otras pruebas que propuso -la incorporación a las actuaciones de los soportes de grabación del sistema de video-vigilancia y la declaración de diversos funcionarios- ya que el recurrente no ha argumentado de modo convincente que la resolución final del procedimiento sancionador podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia. Sí hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Los autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria incurrieron en incongruencia omisiva al no dar respuesta a las pretensiones del recurrente. Sin embargo, el TC considera improcedente, por innecesaria, la retroacción de actuaciones a fin de que el Juzgado Central de Vigilancia dicte una resolución acorde con el derecho constitucional vulnerado. Y ello por estimar que, al haberse descartado por el TC la inconstitucionalidad del acto administrativo, el órgano judicial no podría resolver ya este punto de un modo distinto a como el TC lo ha hecho en la presente resolución, como consecuencia del valor de cosa juzgada de sus sentencias.