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Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 Valladolid 18/05/2016. SANIDAD (OTROS). La administración del Estado ha decidido efectuar una nueva interpretación del art. 207.2 RP a fin de que recaiga sobre las Comunidades Autónomas la financiación de lo que venía siendo asumida por ella, en relación con los internos que tengan la condición de asegurado a los efectos de recibir la prestación sanitaria con cargo a los fondos públicos, y solicita que la Administración Autonómica cese en la emisión de facturas y cobro al Ministerio de la asistencia sanitaria especializada. Se desestima el recurso y declara que la obligación de financiar las prestaciones sanitarias a los reclusos corresponde a Instituciones penitenciarias conforme a las previsiones contenidas en el convenio suscrito el día 23 de marzo de 1995 entre la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e Interior y el INSALUD, en cuya posición se subrogó la CCAA de Castilla y León.