Expertos en Derecho Penitenciario instan a no olvidarse de los internos una vez ingresan en la cárcel
LA RIOJA (Nuria Alonso). El veredicto de culpabilidad sobre una persona no la despoja de derechos. Ni siquiera cuando la sentencia acarrea la privación de libertad del acusado. Esta declaración, que podría parecer evidente, no lo es en absoluto. De hecho, supone una reivindicación continua de los profesionales de la abogacía que recuerdan que la asistencia jurídica no concluye con el ingreso en prisión de los reclusos. Por eso, para abordar los retos que afronta el Derecho Penitenciario y su aplicación, se celebran en Logroño las XXVIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que reúne en la capital riojana a especialistas en Derecho Penitenciario, representantes institucionales y letrados de toda España.
«Cuestiones básicas administrativas como renovar un DNI o superar la brecha digital son aspectos esenciales en nuestra vida cotidiana que dentro de un centro penitenciario son difíciles de cumplir», señaló Federico Bravo, decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja y anfitrión de estas jornadas organizadas por el Consejo General de Abogacía Española. «No olvidarse de los derechos que tienen los internos que están en los centros de reclusión es un tema que no muchas veces aparece en los medios, pero supone para la abogacía un compromiso social, y una labor esencial», recordó Bravo para apostillar que «es esencial recordar también que como Estado social y democrático de derecho tenemos que llevar esos derechos a todos los ciudadanos, también los internos de un centro penitenciario», explicó.
En el mismo sentido se pronunció la secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Encarna Orduna, que apuntó a la brecha digital como uno de los principales obstáculos que afrontan los presidiarios: «No puede ser que cuando los reclusos salen de prisión tengan esas diferencias tecnológicas». «Al igual que los fallecimientos en prisión o la atención a las mujeres dentro de las cárceles», abundó Orduna ponderando «los servicios que prestan los abogados, quienes entran y salen de prisión y tienen ese contacto con los internos que permite escucharles, saber sus necesidades, revisar expedientes, plantear recursos y, en definitiva, prestarles ese asesoramiento jurídico». «Parece que cuando se dicta una sentencia acaba toda la actuación con ese individuo, pero es una persona y esa defensa de sus derechos debe continuar en prisión», repasó Orduna.
No se omitió un asunto peliagudo, el de las torturas en el ámbito penitenciario y su erradicación, que abordó la decana del Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat y vicepresidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, Esther López Ferreras. Al respecto, asumió que «se avanza y la situación mejora, pero aún hace falta que instituciones y entidades vayan a los centros penitenciarios, para comprobar si efectivamente todavía hay situaciones que denunciar». «Es algo que preocupa mucho, que en la época actual todavía sigue vigente por desgracia; de lo que se trata es de erradicarla», reconoció la letrada, que admitió que se dan casos de muy variada casuística como el aislamiento inadecuado, el trato inhumano o las vejaciones.
La brecha de género, un problema de gran relevancia en prisión
Los retos para aligerar la brecha de género también ganan relevancia en un entorno, el penitenciario, mayoritariamente masculino, ya que los hombres copan el 93% de la población recluida. Las mujeres reclusas, señaló Orduna, «tienen particularidades, hay muchas que tienen hijos pequeños en prisión, tienen una sensibilidad diferente, hay que también estar pendientes de ellas, igual que en la sociedad, porque cuando hablamos de prisión solo hablamos de hombres, pero las mujeres están allí y es fundamental el tratamiento con sus hijos dentro y fuera de prisión y el contacto con los familiares».
La decana de Sant Feliu de Llobregat, Esther López Ferreras, citó igualmente las ‘reglas de Bangkok’, un conjunto de normas internacionales fijadas en 2010 que buscan atender las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y reducir el encarcelamiento innecesario, desde un enfoque de género. «Las mujeres en prisión no están tratadas como merecen: la arquitectura de una cárcel está pensada para hombres, no para mujeres; tenemos una problemática que no tienen los hombres, necesitamos asistencia ginecológica para la que las cárceles tampoco están preparadas, etcétera…».
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