Tercer grado.
El uso del tercer grado se reduce en el último lustro y se aleja del 30% que marcó la Generalitat condicionado por los recursos de Fiscalía
EL PAÍS.(DANI CORDERO).FOTOGRAFÍA : I.A.– El uso del tercer grado en las cárceles catalanas va a la contra de la doctrina académica, defensora de que los regímenes abiertos antes de la salida definitiva de prisión minimizan la reincidencia y juegan en favor de la reinserción. En los últimos cinco años, el número de presos que se beneficiaban de un tercer grado se ha reducido un 14,4% y apenas uno de cada cinco presidiarios (un 22%) disfrutaban de la semilibertad, según datos del Departamento de Justicia. En 2024, la conselleria, entonces bajo el mando de Gemma Ubasart, fijó un objetivo de un 30% en su Estratègia Nacional sobre Obertalitat Penitenciària 2024-25, pero la realidad se aleja cada vez más de ese porcentaje, pese a una pequeña mejora experimentada en 2025.
“Queremos más terceros grados, pero lamentablemente no lo conseguimos. La tasa de apertura penitenciaria tiene que crecer”, sentencia el director de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, Domingo Estepa, que ante los datos actuales apunta ya a una tasa objetivo del 25%. Pese a su voluntad, la coyuntura no ayuda.
Las cárceles catalanas cuentan con un mayor porcentaje de población extranjera (algunos en situación irregular y con órdenes de expulsión y otros simplemente sin arraigo en España), lo que dificulta que las juntas de tratamiento expidan el tercer grado. Es una tesis expuesta por la Sindicatura de Greuges, crítica en su memoria con el hecho de que no se expidan más regímenes de semilibertad.
Y además, la Fiscalía ha triplicado desde 2016 los recursos ante las solicitudes de semilibertad que presentaban los funcionarios que siguen la evolución de los presidiarios. Fuentes del ministerio fiscal sostienen que esa no es una cuestión que les ataña únicamente a ellos, sino que es cuestión también de los jueces de Vigilancia Penitenciaria.
Desde Justicia han convocado una reunión conjunta con fiscales y jueces para ver si pueden consensuar una estrategia común que favorezca los terceros grados, entre otras estrategias conjuntas en el ámbito de la justicia. Lo cierto es que la Fiscalía tiene gran poder en esas decisiones porque sus recursos a las peticiones de semilibertad tienen poder suspensivo en determinados delitos gracias a una sentencia del Tribunal Supremo.
Albert González Jiménez, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal, acaba de publicar un estudio con el sugestivo título de El Ministerio Fiscal, ¿un nuevo obstáculo para acceder al tercer grado? Analiza 2.764 resoluciones judiciales que respondían a los recursos de Fiscalía presentados en Cataluña entre 2019 y 2024 para frenar solicitudes de tercer grado. Una de cada tres peticiones (un 32,84%) de tercer grado son recurridas, sobre todo en casos por delitos graves. Ese último año el número de recursos aumentó un 26%, hasta los 562, pero ese celo viene de lejos, al menos de 2012, cuando Fiscalía detecta diferencias de uso del tercer grado en Cataluña respecto a otras comunidades.
Las conclusiones del informe señalan que la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria juega un “enfoque defensivo y controlador, obstaculizando la liberación de aquellas personas que considera peligrosas”. Albert González explica por teléfono que ese celo, esa función de guardián que atribuye al Ministerio Fiscal, “cuestiona la labor de la administración penitenciaria, que al fin y al cabo es la que ha hecho el seguimiento y quien mejor conoce al preso y, en cierta manera, pretende controlar una competencia y función atribuida al poder ejecutivo”.
El último informe de la Fiscalía de Barcelona era abiertamente crítico con el objetivo del 30% de apertura penitenciaria, que calificaba como contraproducente porque —como “el hábito no hace al monje”— iba a conllevar “un mayor número de regresiones a segundo grado [reos que no pueden acceder a la semilibertad pese a tener una convivencia normal]”.
Josep Cid, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, no cree que el factor principal de la reducción de la tasa de apertura penitenciaria tenga que ver con la Fiscalía. “El problema viene de dentro de las prisiones, de la junta de tratamiento, con una concepción que no ve que el tercer grado es un paso más en el cumplimiento de la condena”, dice. En su opinión, el tercer grado es totalmente necesario y, pese a ello, la gran mayoría de la población reclusa acaba su condena en segundo grado: “Desde mi punto de vista, debería ser excepcional que un recluso no llegue al tercer grado y no al revés”.
El seguimiento fuera de prisión……..
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