SORIA
La falta de personal, especialmente sanitario, impide la apertura total del centro y complica la gestión de la conflictividad, según denuncian los sindicatos
COPE (Sonia Maroto Riera). FOTOGRAFÍA: IA.- La prisión de Soria se enfrenta a una problemática generalizad en el sistema penitenciario español, pero con la particularidad de ser un centro que aún no ha sido abierto en su totalidad. El principal obstáculo para su pleno funcionamiento es la falta de personal, con un alto porcentaje de plazas sin cubrir, una situación que se agrava por la carencia de médicos, según denuncia Joaquín Leyva, portavoz del sindicato ACAIP UGT.
Sin médicos para el control de los reclusos
Actualmente, la prisión no cuenta con médicos de plantilla y la asistencia sanitaria depende de un contratado externo que acude dos o tres días por semana y de un servicio de telemedicina que no siempre está disponible. Esta carencia, según Leyva, impide aplicar «medidas regimentales» como el aislamiento de internos conflictivos, ya que requieren un informe médico obligatorio que no puede realizarse.
Esta situación obliga a derivar las urgencias al hospital, lo que implica un «coste económico» y de personal, al requerir ambulancias y custodia policial. «Si tuviéramos esas plazas médicas cubiertas, pues no se producirían», lamenta Leyva. El Gobierno ha anunciado la convocatoria de tres plazas para Soria, una de ellas de médico, pero el sindicato lo ve como una «solución parcial».
Leyva califica de «trampa» el sistema de contratación de personal laboral, en lugar de funcionarios, para cubrir estas plazas. La solución definitiva, a su juicio, pasa por el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, como establece la Ley de Cohesión Sanitaria de 2003.
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