En los últimos meses, la Audiencia provincial de Córdoba ha absuelto a cuatro acusados que sufrieron prisión preventiva, después de que las presuntas víctimas se retractaran en el juicio
DIARIO DE CÓRDOBA: PILAR COBOS FOTOGRAFÍA: PIXABAY
«Nuestros clientes pueden creer que estamos en películas americanas y piden millones, pero dan una porquería, si lo consigues», afirma el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, sobre las indemnizaciones que abona el Estado a las personas que han sufrido prisión preventiva y que, finalmente, son absueltas. En líneas generales, el importe oscila entre los 20 y los 30 euros diarios para una persona común «si acreditas que has estado trabajando», aunque si los procesados se encontraban en desempleo la cantidad se reduce. Tomando como referencia los 20 euros, un individuo percibiría 7.300 euros por permanecer un año privado de libertad.
La cuantía se halla «al albur» o a la suerte, como reconoce el propio Carlos Arias, y una de las claves de esta situación es que la ley no contempla cantidades. En concreto, el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce el derecho a ser resarcidas económicamente a aquellas personas que hayan estado en prisión preventiva y hayan sido absueltas, «siempre que se le hayan irrogado perjuicios». A esto añade que «la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido».
Desde 2019, los perjudicados tienen derecho a una indemnización en todos los supuestos de absolución o de sobreseimiento libre, según establece una sentencia del Tribunal Supremo. Hasta ese momento, como recoge la ley, debía darse la inexistencia del hecho imputado (el delito).
Uno de los casos más emblemáticos hasta la fecha es el de Dolores Vázquez, quien estuvo un año y medio en prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof y nunca ha sido indemnizada por ello, pese a que finalmente se determinó la culpabilidad de Tony Alexander King. Ella era inocente, pero sí hubo asesinato.
El ministerio
La ley establece que tanto en el supuesto de error judicial como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, «el interesado dirigirá su petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado». Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo. También establece que el derecho a reclamar la indemnización prescribe al año, a partir del día en que pudo ejercitarse (desde la sentencia firme).
El caso del futbolista Dani Alves, absuelto el pasado marzo tras pasar 14 meses en prisión acusado de un delito de agresión sexual, está de actualidad por la posibilidad de que el deportista reclame una indemnización. «Este es un caso especial, se encontraba en una posición profesional muy importante y se vino abajo todo, contratos con clubes, publicidad… Hay un perjuicio más claro y quizá hay perspectivas de conseguir indemnizaciones superiores», apunta Carlos Arias.
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