Las personas trans continúan viviendo en prisión violencias cotidianas relacionadas con su identidad de género, pese a las normativas impulsadas en los últimos años.
PIKARA MAGAZINE. (ESMERALDA R. VAQUERO). FOTOGRAFÍA : PIXABAY.Este reportaje pertenece al monográfico de Cárceles, publicado en en 2022. Lo puedes adquirir en pdf en nuestra tienda online.
La asturiana María Jesús Lastra es un referente en los derechos penitenciarios del colectivo trans en el Estado español. En 1997, un fallo judicial le permitió vestir ropa ‘femenina’ en el módulo carcelario de hombres donde estaba presa. Un fallo que se hizo extensivo para las demás mujeres transgénero. Además, también fue la primera que hace 15 años consiguió el traslado a un módulo de mujeres sin haberse sometido a una intervención de reasignación genital y con una documentación oficial en la que seguía figurando el nombre de Jesús y el sexo masculino. En enero de 2006, la Audiencia Provincial de Oviedo aceptó su solicitud para ser trasladada a un módulo de la cárcel de Villabona (Gipuzkoa), integrado exclusivamente por reclusas. Este fallo judicial pionero propició que meses más tarde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias estableciera en las cárceles la instrucción 7/2006, donde por primera vez se habla de “identidad psico-social de género”. Desde entonces las personas cuyo sexo oficial no coincide con su identidad de género pueden solicitar a la Administración Penitenciaria el reconocimiento de esta a efectos de cambio de módulo.
Un año después, la ley 3/2007 reflejó nuevos derechos al permitir que las personas trans pudieran modificar su nombre y género en su documentación oficial sin acudir a la Justicia ni realizarse una operación quirúrgica. Hasta ese momento el criterio para llevar a cabo la separación penitenciaria de personas presas era una instrucción de 2001, donde se mencionaba la “identidad social aparente”.
Pero las leyes sobre el papel distan mucho de la práctica cotidiana. “La Administración Penitenciaria no está adaptada para atender las necesidades del colectivo trans”, asegura Lastra. Ella conoció bien la estructura carcelaria y enfrentó muchos problemas. “Viví un infierno con las funcionarias del módulo de mujeres, me acosaron todo el tiempo, lo pasé fatal; me abrían las puertas a portazos, me seguían llamando Jesús, se burlaban. Interpuse una denuncia en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero no cambió nada. Como sus actitudes seguían igual, a los tres meses solicité volver a un módulo de hombres”, explica.
No existen estadísticas oficiales sobre las agresiones y abusos sexuales hacia personas transgénero en las cárceles del Estado español
Lastra presidió durante años la asociación Soy como soy, desde la que daba apoyo y soporte a las personas trans que lo solicitaban. Una de ellas fue Gabrielle Aponte, que en 2016 denunció estar sufriendo discriminación y represalias en el centro penitenciario de Villabona. La dirección del centro negó los hechos.
No existen estadísticas oficiales sobre las agresiones y abusos sexuales hacia personas transgénero en las cárceles del Estado español, aunque en ocasiones se han conocido algunos casos. La ya fallecida Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, aseguró después de salir de prisión en 2006 que la habían maltratado y violado, tanto compañeros como funcionarios de prisiones. Había cumplido su condena en un módulo masculino del Centro Penitenciario Madrid VI-Aranjuez.
Instituciones Penitenciarias no ha facilitado cifras sobre el número de personas que han solicitado un cambio de módulo o de cárcel por razones de identidad de género. No obstante, a raíz del trabajo de algunos colectivos es posible realizar aproximaciones. La Associació Catalana per a la Integració d´Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Inmigrants (ACATHI) lleva a cabo el programa Aquí también somos diversas en seis centros penitenciarios catalanes, desde el que ofrecen asesoramiento y acompañamiento psicológico a personas LGTBIQA+. Alrededor de 20 personas trans, en su mayoría mujeres, están recibiendo soporte a través de la asociación. La trabajadora social Paula Franco es la responsable del programa. “Las barreras con las que se encuentran en prisión son constantes”, explica. Y añade: “Las propias personas internas se burlan y las discriminan, y si no lo hacen directamente, en muchos casos no se juntan con ellas”.
En Cataluña, en 2014, entró en vigor la ley 11/2014 “para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia” y “evitar situaciones de discriminación y violencia”. La instrucción 1/2019 concretó las medidas para permitir esta igualdad de derechos en prisión. Entre otras, se indica que cuando en la documentación oficial figure el nombre originario, a la persona se la nombrará en conformidad con su género sentido. “Les siguen llamando por sus nombres de antes, está costando mucho que funcionarios y funcionarias de Interior respeten y acepten la identidad de la persona; así que, aunque ese no sea mi trabajo, estoy empezando a llevar la instrucción a los centros penitenciarios para dejar constancia del procedimiento a seguir”, apunta Franco. “Los trámites suelen ser muy sencillos de pedir, y se terminan cumpliendo, pero después de insistir muchísimo”, añade. Los tiempos terminan prolongándose y ven relegadas sus necesidades. “En la práctica es un colectivo muy invisibilizado y se dan muchas actuaciones tránsfobas por mucha ley que haya”.
EnlaceA veces las propias personas trans eligen ocultar su identidad dentro de prisión
Opciones y estrategias
Quizá debido a ese rechazo, a veces las propias personas trans eligen ocultar su identidad dentro de prisión. “Algunas tienen miedo, hay personas no manifiestas que tendrían deseo de cambiar la identidad y no lo hacen por todas las barreras que conlleva, o que están iniciando un proceso de hormonación y lo mantienen en total secreto”, señala. Comenta la situación de una mujer transgénero que, después de 30 años sin atreverse y sin apenas contarlo, se ha decidido a dar el paso, “aunque a veces le dan ganas de dar marcha atrás a causa de los problemas que encuentra”.
Mantenerse en un módulo distinto al que podrían acceder es otro mecanismo para enfrentar la violencia. Paula Franco lo explica: “A algunas chicas de Brians II les he comentado que por qué no solicitan un cambio, ya que los recursos en otros módulos podrían adecuarse más a ellas, y no quieren irse para evitar posibles rivalidades o conflictos, y porque no creen que vayan a estar igual de cómodas”. Quedarse en un módulo de hombres les permite, en ocasiones, mantener relaciones sexoafectivas o sexuales más íntimas, optar a tener una pareja, sentirse protegidas y respetadas. “Pero también caen en el error de mantener dependencias, involucrarse en relaciones tóxicas y adoptar patrones de amor romántico poco deseables”, añade la trabajadora social.
Permanecer en una celda individual en lugar de una doble es otra opción para evitar problemas. En caso de sufrir una agresión en alguna zona común y si lo comunican al centro, pueden solicitar un cambio de módulo.
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