Todo son incógnitas: hasta dónde llegarán los presos en su aceptación de las vías legales y cómo reaccionará el Estado de Derecho
DIARIO VASCO.COM – (L. PÉREZ SAN SEBASTIÁN).- Las conclusiones de su debate interno hechas públicas hace una semana por el EPPK fijan un clavo en la pared: los abogados de cada recluso elaborarán un dossier jurídico personal sobre su situación, a partir del cual esos mismos internos determinarán qué camino quieren recorrer en función del momento procesal en que se encuentren y de las alternativas disponibles. Aunque los redactores del texto subrayan que esos pasos se darán de acuerdo al colectivo y buscando el amparo de la ciudadanía pueblo a pueblo, en la práctica se plantea un esquema que individualiza cada sumario -y, por tanto, las distintas responsabilidades contraídas en cada condena- y en el que se explorarán las opciones para aligerar la estancia en prisión a través de las progresiones de grado y el acceso a la libertad condicional. La derogación por la Justicia europea de la denominada ‘doctrina Parot’ y el natural paso del tiempo han hecho que la cifra de presos en España y Francia se haya reducido sensiblemente en los últimos años, decaída ya la actividad armada de ETA. En su documento, el EPPK cuantifica 330 internos. La mayoría de ellos siguen calificados en primer grado, el más restrictivo, lo que augura que el proceso de solicitudes de mejoras penitenciarias que la izquierda abertzale prevé arrancar a la vuelta de verano podría prolongarse durante una década. La ‘prueba del algodón’ inicial sobre sus intenciones la pasarán los internos cuando tramiten las primeras peticiones ante las juntas de tratamiento de las cárceles. Será un test tanto para los demandantes como para el sistema jurídico-penitenciario. A partir de ahí, la escalera de los posibles recursos avanzaría hacia el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia y, de ahí, a la sección primera de los juzgados centrales. En este punto, se abren dos interrogantes esenciales: cuál será la actitud de la Fiscalía, independiente en su ejecutoria pero que cuelga jerárquicamente del Gobierno; y cómo resolverá los hipotéticos conflictos que puedan surgir la citada sección primera que encabeza hoy Concepción Espejel, presidenta a su vez de la Sala de lo Penal de la Audiencia tras una polémica elección por haber sido recusada previamente en el caso Gürtel. Dura entre los duros en la lucha contra ETA, Espejel es reconocida también como una magistrada profesional y rigurosa, cualidades que le reconocen hasta quienes discrepan frontalmente de sus posiciones. La ley 7/2003 Pese a que ha habido precedentes de rehabilitación de miembros de ETA -de la reinserción de los ‘polimilis’ a la experiencia, con otro cariz, de la ‘vía Nanclares’-, nunca hasta ahora un volumen tan elevado de reclusos había manifestado su voluntad de seguir la senda de la ley; y con la organización a la que pertenecían o con la que se les había vinculado habiendo dejado de matar. Si lo votado mayoritariamente en el seno del EPPK se lleva a cabo, los tribunales y el conjunto del Estado de Derecho encararán un trance inédito en el devenir democrático. Un trance en el que la izquierda abertzale pretende incentivar «el debate jurídico» y, dentro de él, cuestionar la Ley Orgánica 7/2003 auspiciada por el Gobierno de Aznar para asegurar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas por delitos terroristas. El margen en el que mueven los reclusos bascula entre las potencialidades del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite adecuar la situación del preso a su evolución personal, y los requisitos agravados del 90.8 del Código Penal, que supedita la libertad condicional a un repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la colaboración con la justicia. La reiterada negativa del portavoz de Sortu en este terreno, Antton López Ruiz ‘Kubati’, a admitir «el arrepentimiento y la delación» ha vuelto a disgustar a sus rivales políticos, que creen entre contraproducente e inasumible la elección como figura referencial ante los presos y la sociedad del asesino de ‘Yoyes’.