EL PAIS (MARÍA SOSA TROYA).- Los reclusos con discapacidad sufren ‘un maltrato y una discriminación institucional’ que se plasma en ‘frecuentes vulneraciones de derechos’, según un informe presentado este viernes por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Al menos 4.800 personas con discapacidad están internas en cárceles españolas, aunque en el estudio se reconoce que probablemente la cifra sea mayor, dado que muchos casos no están reconocidos como tal. En el texto, que estudia la normativa penitenciaria y su adaptación a los estándares de la ONU para personas con discapacidad, se plasma que los presos viven en unas condiciones ‘de privación de libertad que terminan siendo más intensas, de peor calidad y de mayor duración’ que la del resto de reclusos. Por ello suponen un ‘doble castigo’. El informe, elaborado por la doctora en Derecho Patricia Cuenca, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, urge al cambio de la legislación penitenciaria en España para adaptarla a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en España entró en vigor en 2008. El texto pone de manifiesto la ‘escasa sensibilidad del legislador’ en relación con las necesidades y experiencias de las personas con discapacidad en las cárceles, que ‘abre la puerta a la proliferación de discriminaciones indirectas’. En España, 4.823 presos tienen alguna discapacidad, según datos de 2017 facilitados por Instituciones Penitenciarias. En 1.603 de los casos es psíquica (33%), es decir, derivada de una enfermedad mental; en 1.356, física (28%); 1.411 presentan multidiscapacidad (29%); 114, discapacidad sensorial (2%), y 339, intelectual (7%). El informe habla de la ‘inaccesibilidad generalizada de los entornos, debido no solo a la presencia de barreras físicas, sino también en la comunicación e información y la persistencia de prejuicios, que conducen a la estigmatización de las personas con discapacidad’. En el texto se insta a promover ajustes y apoyos de asistencia, así como a mejorar la formación de los profesionales. El estudio pone de manifiesto que las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, y que su participación en labores cotidianas de la prisión y, en especial, el desarrollo de actividades laborales, formativas y ocupacionales que posibilitan la progresión al tercer grado y el acceso a beneficios penitenciarios, se ven restringidos. ‘El doble castigo que padecen se debe a que a la pena de cárcel se suma la falta de adaptación del entorno penitenciario, que supone que no puedan participar en la vida en prisión, y que se vean vulnerados los derechos que sí tiene el resto de reclusos’, cuenta la autora del informe. ‘La legislación está obsoleta. La Ley Orgánica General Penitenciaria fue la primera ley orgánica de la democracia. Y en 1996 se modificó el reglamento. La convención, que establece que las personas con discapacidad no son objetos de cuidado y protección, sino de derecho, es de 10 años después. Aunque en 2018 se publicó un protocolo sobre discapacidad para paliar esos déficits, aún no se está cumpliendo’, manifiesta esta experta. El ‘maltrato institucional’ deriva de la propia normativa. Por eso, la autora plantea que se incluyan 46 recomendaciones como la prohibición de discriminar por discapacidad o que se garantice la asistencia adecuada. ‘Muchos de los espacios no son accesibles, como por ejemplo aulas en las que se imparten talleres, o salas de visitas’, prosigue. ‘También faltan facilitadores que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a comunicarse con los letrados, que manejan un lenguaje jurídico’, explica. ‘O una adaptación del régimen disciplinario, por el que a veces se aplican sanciones, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual que no pueden cumplir las órdenes del personal porque no las entienden’, añade.
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