El sindicato critica el proceso de privatización de las prisiones españolas
REBELIÓN.ORG – (ENRIC LLOPIS).- La federación Española de Empresas de Seguridad (FES), patronal del sector, utiliza dos ideas fuerza en su ejercicio de lobby: la colaboración entre las empresas privadas y el sector público mejora la eficiencia en la gestión; y la necesidad de incorporar nueva actividades empresariales en las administraciones públicas, para garantizar la supervivencia del sector privado. El Ministerio del Interior comparte estas tesis en el ámbito de las prisiones, según concluye el ‘Informe sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias’ realizado por Comisiones Obreras y presentado en octubre de 2016 (TEXTO COMPLETO EN ENLACE EXTERNO). Un tercer argumento es el ahorro de costes. Contra estas afirmaciones, el sindicato apela a documentos como el de la agencia estadounidense Bureau of Justice Stastistics, que niega el supuesto ahorro de recursos en las prisiones privadas: ‘Simplemente no se ha materializado’. Además, estudios de 2010 sobre las cárceles en Arizona, estado que ha hecho bandera de la gestión privada en las prisiones, apuntan que este tipo de gestión es un 15% más cara que la pública; y ello, pese a que no se admite a los reclusos considerados más ‘caros’: con patologías severas o crónicas, condenados por delitos más graves o ‘violentos’. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y la Sección Sindical del sindicato en Instituciones Penitenciarias ponen como ejemplo la privatización de la vigilancia en los ‘perímetros’ de las instalaciones carcelarias en el estado español, que comenzó en 21 prisiones y se amplió a otras 67. En lo que el sindicato denomina ‘modelo de seguridad neoliberal’, el Gobierno autorizó el pasado 18 de agosto la contratación del ‘servicio de apoyo a la seguridad’ en las cárceles por valor de 58 millones de euros, lo que suponía alcanzar los 900 empleos en estos cometidos. Los ‘servicios de apoyo’ que llevan a término vigilantes privados implican los ‘perímetros’ de las prisiones, el control de accesos, la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y gestión de las señales de alarma y la comunicación a los responsables policiales. De este modo, critica Comisiones Obreras, las empresas privadas contratadas realizan funciones subordinadas o incluso superpuestas a las desempeñadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero los procesos de ‘externalización’ son muy anteriores al control exterior de las prisiones. Se han materializado, por ejemplo, en la contratación de las administraciones públicas con empresas privadas de mantenimiento, limpieza o entrega de paquetes y documentación. Así, mientras el volumen de negocio de estos sectores en las prisiones aumenta, se amortizan plazas de trabajadores públicos. Las vacantes en el personal de mantenimiento superan el 38% y en la limpieza el 23%, aseguran fuentes sindicales; al no reponerse, constituyen una vía abierta para que penetre el negocio privado. En estos procesos se ha destacado la Comunidad de Madrid, que ha abierto la puerta a empresas de mensajería y transportes allí donde antes operaba el sector público. A ello se agrega que los servicios de las empresas privadas ‘suelen tener un coste más elevado para la Administración’, advierte el sindicato. Otra de las tendencias apunta a una disminución de los precios en los Pliegos de Contratación, lo que repercute negativamente en los empleados de las adjudicatarias. En muchas de estas contratistas los salarios han caído por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales; uno de los ejemplos más evidentes del deterioro son los ERE en el sector de la limpieza. (…) TEXTO COMPLETO EN ARCHIVO .PDF ADJUNTO
Documento PDF:
Enlace