Cartas al director
ELPERIODICO.COMO (LUIS FERNANDO CRESPO ZORITA).- La primera ley orgánica de la democracia, la General Penitenciaria, ha cumplido 40 años; pretendía dar contenido al mandato constitucional del artículo 25.2 y convertir la privación de libertad en una oportunidad de resocialización para los penados y garante de su integridad personal y de la de los preventivos. Esta ley fue aprobada por unanimidad y hacía tabla rasa sobre las cárceles policiales franquistas, que habían padecido muchos de aquellos diputados que la avalaron con su voto.
Hecha la ley, no era posible hacer trampas ni buscar atajos, por lo que fue, poco a poco, arrinconada en aras de urgencias políticas más inmediatas. Los dos reglamentos de desarrollo (de 1981 y 1996, ambos vigentes), pretendían y han conseguido sacar lo penitenciario de la normalidad administrativa, revistiéndolo de un carácter especializado para que quepan actuaciones discrecionales y arbitrarias o de mera represión. Así, abundan todo tipo de Instrucciones, Circulares, Órdenes, Directrices, y sus contrarias, que desvirtúan el texto legal, sin que quepa recurso por parte de los afectados.
Desvinculada desde 1996 del Ministerio de Justicia, la Administración Penitenciaria ha perdido autonomía como herramienta judicial, pasando a ser tutelada por el Ministerio del Interior. Se ha obviado el espíritu constitucional pervirtiendo el de la propia ley y volviendo al oscurantismo detrás de los muros: la retención y custodia es prioritaria por encima de cualquier otro objetivo institucional, precisamente aquello que se quería evitar en 1979. Como si la historia estuviera obligada a repetirse, después de tantos años de democracia las cárceles han vuelto a ser un asunto de seguridad y orden público que escapa al control democrático normalizado. Triste efeméride.