Situación de la cárcel de Pamplona tras la declaración del estado de alarma

SALHAKETA NAFARROA.- Antecedentes:

1.- El 27 de febrero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP, en adelante) ofreció pautas de actuación a su personal a través de un Protocolo para que sepa cómo actuar en el caso de que una persona privada de libertad presente síntomas compatibles con el ‘Covid-19’.

Entre las medidas contenidas en el Protocolo se contempla que, si una persona presa tuviera “contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección” y, además, se trata de un “contacto asintomático sin sintomatología respiratoria aguda”, ésta deberá permanecer en su celda individual en situación de aislamiento y «vigilancia activa» durante 14 días -período de incubación del virus- desde la última exposición.

2.- El día 6 de marzo dos funcionarios de la prisión de Picassent (Valencia) quedaron en cuarentena de forma preventiva tras dar positivo en las pruebas de coronavirus uno de sus familiares y el día 7 de marzo una funcionaria de Instituciones Penitenciarias que trabaja en la prisión Madrid VI de Aranjuez dio positivo en las pruebas por coronavirus, primer caso conocido en una cárcel española.

3.- El mismo día 6 de marzo la SGIP acordó las siguientes medidas:

  • se suspenderán las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión comunitaria, de acuerdo a la actualización permanente determinada por las autoridades sanitarias».
  • se prohibirán las salidas a diligencias judiciales de reclusos que hayan dado positivo en coronavirus o sean sospechosos. En ambas situaciones los presos tampoco podrán ser trasladados a otras cárceles salvo por razones estrictamente sanitarias».
  • se suspenderán las «reuniones o acción formativa dirigida a trabajadores o internos que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios» y se aplaza también «los congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios fuera de los habituales de su centro».

En un primer momento estas restricciones afectaron a las cárceles de Madrid, Araba, Logroño, Ocaña, Burgos y Dueñas.

4.- El día 10 de marzo una docena de colectivos (Salhaketa Nafarroa, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Irídia, Red Jurídica, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A), Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y libertades), Federación Andaluza Enlace, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa Araba y Osabideak) solicitamos al Defensor del Pueblo Estatal que examinara las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Salhaketa Nafarroa lo solicitó también al Defensor del Pueblo de Navarra. Para ver el documento pincha aquí. También ha sido presentado al Defensor del Pueblo Andaluz por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA).

5.- El día 11 de marzo se informa del primer positivo de coronavirus en una persona presa.

6.- El día 12 de marzola SGIP aísla todas las cárceles dependientes de ella. Las restricciones que se aplican son:

  • «La suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. Solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal.
  • Letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.
  • Solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados, etc…
  • En cuanto a la actividad docente se estará a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.
  • Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.
  • Se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano.

Estas decisiones no implican la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos.

Los penados en tercer grado, residentes en los Centros de Inserción Social o secciones abiertas de los centros penitenciarios, continuarán con su régimen de semilibertad.«

7.- El 15 de marzo se publica en el BOE la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación a las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias tras declarar el estado de alarma.

«Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptan las siguientes medidas en relación con los internos de todos los centros penitenciarios del Estado:

  1. a) Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les visitan
  2. b) Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos que están prohibidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
  3. c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
    d) En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

8.- El 16 de marzo decenas de organizaciones registramos un escrito ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

En estos momentos ya son más de 50 las entidades que se han adherido a esta solicitud.

9.- El 19 de marzo la SGIP remite a todas las cárceles instrucciones en relación con la asistencia letrada a las personas presas indicando que los Servicios de Orientación Jurídico Penitenciaria (SOAJPS) quedan suspendidos.

10.- Recordamos la situación de desatención médica generalizada que se está dando actualmente en todas las cárceles dependientes de la SGIP donde se cuenta con solo 285 médicos/as y 6 psiquiatras para todo el sistema de salud de las prisiones españolas.

 

Situación actual en la cárcel de Pamplona

– Se han suspendido todas las comunicaciones con familiares y personas allegada (tanto comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas como las comunicaciones ordinarias por cristal).

– Se han ampliado las comunicaciones telefónicas que tienen autorizadas las personas presas.

– Solo se permite el acceso a persona funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible. Queda excluida la entrada de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditado… Se han suspendido todas las actividades que realizan estas entidades y/o personas (incluso las tratamentales).

– Se han suspendido todos los permisos de salida penitenciarios, salidas programadas o cualquier otra salida (incluso tratamental), salvo por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

– Se han suspendido los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.

– Las personas clasificadas en tercer grado o con regímenes de flexibilidad que se encuentran cumpliendo condena en el CIS (Centro de Inserción Social) continúan con el mismo régimen de salidas y entradas. Se mantienen los permisos de salida de tercer grado. Se informa desde el Centro Penitenciario que están realizando las gestiones oportunas para tratar de que estas personas puedan permanecer durante el estado de alarma en sus domicilios con control telemático.

– El Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria (SOJP) se continúa prestando de forma telefónica. Las personas presas que quieran ser atendidas tendrá que solicitar por instancia que se les incluya el nº de teléfono habilitado por el SOJP para ser atendido. Éste nº les será autorizado como abogado/a y las llamadas no contabilizarán entre las autorizadas semanalmente.

– La atención sanitaria se está prestando por un solo médico y con el respaldo de otro médico contratado por horas que acude a la cárcel 3 días a la semana 2 horas cada día.

 

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