DERECHO PENITENCIARIO
Entre 2015 y 2017 no se produjo ninguna entrevista autorizada a un periodista en prisión
ABOGACIA ESPAñOLA (VALENTÍN AGUILAR VILLUENDAS. ABOGADO. MIEMBRO DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHO PENITENCIARIO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAñOLA).- El mundo penitenciario es enormemente desconocido para la ciudadanía e incluso para los profesionales del Derecho. La afirmación de que son hoteles con piscina, que no se reinsertan porque no quieren y a los que tratamos mejor que a nuestros ancianos, forma parte del imaginario público. La principal razón es que la prisión es opaca por naturaleza y que la entrada en prisión de entidades o voluntarios es escasa y restringida por la Administración Penitenciaria. Frente a ello, las noticias de delincuencia son sobredimensionadas por los medios de comunicación en relación a su baja incidencia. Lo que ha generado que la preocupación por la delincuencia haya ocupado las primeras posiciones en las encuesta del CIS en numerosas ocasiones. Esta situación favorece que la mirada de la sociedad sobre las personas privadas de libertad y la acogida que se les pueda hacer a su salida, esté condicionada y no sea la más óptima para la reincorporación a la sociedad. Por tanto, parece que una mayor implicación de los medios de comunicación ayudaría a un mejor conocimiento de la realidad penitenciaria, sus injusticias y las circunstancias personales de sus habitantes. Aunque siendo realistas, el interés de los medios de entrar para conocer a las personas privadas de libertad o sus condiciones de vida es y será limitado, salvo que el perfil de la persona entrevistada sea de un cierto nivel mediático. En el año 2016 desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el marco de una campaña contra la prisión permanente, se facilitó el contacto entre un periodista y un preso de Córdoba con una cadena perpetua de hecho de 57 años, sin posibilidad de acumulación jurídica, por robos vinculados a drogadicción y que, tan prisionalizado estaba, que vivía con su hijo en la misma celda. Todo ello con el interés de dar a conocer que la perpetua ya existía y que quien la sufría no obtenía ningún tratamiento específico para facilitar su reincorporación social. Tras publicarse la entrevista, en la que afirmaba entre otras cosas que lo había pasado ‘canutas, en los 80 eran auténticos verdugos’, fue sancionado por ‘no haber seguido el procedimiento y divulgar noticias falsas’. El recurso contra la sanción fue estimado por cuestiones formales. Ni corto ni perezoso, el preso solicitó una nueva entrevista, pero esto vez a través de instancia para ampliar la información al medio, habida cuenta de que se afirmaba la existencia de un procedimiento para autorizar entrevistas. Esta fue denegada ‘al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación, no existir garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento’.
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