Cuarenta presos que cumplen penas en diferentes centros penitenciarios del Estado han iniciado una propuesta de lucha colectiva con el objetivo de visibilizar y denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que padecen diariamente. Han convocado una huelga de hambre para el primero de mayo.
EL SALTO (GUILLE LARIOS / VICENT ALMELA).- ‘Con 65 años que tengo ahora mismo pasé dos años de prisión en Francia, de 1969 a 1971, y luego en España, desde 1971 a 1977, donde participé en la extinguida COPEL. Actualmente estoy preso desde el 9 de febrero de 1979, con fecha de cumplimiento de condena para el 15 de noviembre de 2026, y en caso de aún estar vivo —porque estoy luchando contra un cáncer de próstata—, seré entregado de nuevo a las autoridades francesas para cumplir una cadena perpetua en rebeldía. ¿Alguien me puede explicar dónde están los derechos humanos en España? ¿Y la función de reinserción que según la Constitución española deben tener las cárceles?’. Este es el testimonio que nos llega por carta de Antonio Carlos Nieto —que actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Murcia II— y que, según afirma, forma parte de los 300 presos que cumplen ‘cadenas perpetuas encubiertas’ en el Estado. Aunque el Código Penal limita el máximo de cumplimiento a los 40 años, medidas como la Ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas —aprobada en el Congreso en 2003 con el apoyo del PP, PSOE y Coalición Canaria— o la reciente aplicación de la prisión permanente revisable por parte del gobierno de Mariano Rajoy dibujan un escenario en el que muchas personas pasarán el tiempo que les queda de vida privadas de libertad. Según Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, estas medidas son completamente innecesarias y, al contrario de lo que el ‘populismo punitivo’ de los medios de comunicación y la mayoría de los partidos políticos argumentan, no tienen ningún tipo de eficiencia disuasoria a la hora de cometer un delito: ‘Cualquier persona que conozca mínimamente el sistema penal sabe de la inconsistencia de esta medida, que supone la negación y la renuncia legislativa más explícita a cualquier objetivo resocializador, y la conversión de una pena legal a una cruel, inhumana y degradante, completamente opuesta a lo que establecen las Reglas Nelson Mandela de la ONU —reglas mínimas para el tratamiento de personas presas—’ Aparte de la larga duración de las penas, según el trabajo realizado desde el OSPDH, la vulneración de derechos fundamentales de las personas presas se produce cotidianamente dentro de los centros penitenciarios, tanto en Catalunya como en España, donde desde la aplicación de la Ley orgánica general penitenciaria de 1979 se aplica el régimen de aislamiento —en el que las personas pasan hasta 22 horas al día encerradas en la celda— a los internos supuestamente ‘peligrosos’ o que, según los funcionarios, ‘no se adaptan a los otros módulos ‘. Desde el Observatorio consideran que este régimen en sí ya supone un tipo de tratamiento ‘inhumano y degradante’ que provoca afecciones muy serias para la salud física y psíquica de las personas que lo sufren, y que desde hace tiempo están reconocidas tanto por el Consejo de Europa como por la ONU. ‘Aparte, el aislamiento supone un espacio de impunidad para la tortura y el maltrato, ya que la persona presa está sola, sin testigos que puedan declarar si una persona es agredida’, explica Rivera, quien considera que ‘los funcionarios, en cambio, siempre tendrán un grupo de compañeros para declarar que tuvieron que utilizar la fuerza para tratarse de un preso violento. Según Rivera, este régimen de aislamiento supone uno de los aspectos más oscuros en el interior de las cárceles, ya que ‘no sólo posibilita el maltrato y la tortura, sino la imposibilidad de probarlo’. Cansados de sufrir constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales y de la invisibilización de esta impunidad fuera de los muros, a mediados 2015, la muerte de tres internos en la cárcel de Navalcarnero (Madrid IV) por supuestas negligencias médicas supusieron la gota que colmaba el vaso. Dos reclusos de este centro empezaron a organizarse —inspirándose en el legado de anteriores luchas anticarcelarias como la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE) o la lucha contra los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES)— con el objetivo de ‘crear un espacio y una comunidad de lucha’ entre diferentes agentes —presos, familiares, abogados y grupos de apoyo— que ayude a visibilizar y denunciar la situación que se vive día a día dentro de las prisiones del Estado. Dos años de lucha colectiva TEXTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO
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