LA VANGUARDIA.COM – (AGENCIA EFE, VITORIA/GASTEIZ).- La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha reconocido hoy que en Euskadi y Navarra se están dando pasos a favor de la libertad para los encarcelados gravemente enfermos, pero ha pedido al Congreso español que cumpla ‘con sus propias normativas’ en materia penitenciaria. Durante una rueda de prensa en Vitoria, representantes de Sare han saludado que el PSE y Elkarrekin Podemos estén mostrando ya ‘posicionamientos afirmativos’ con respecto a los presos y han celebrado que el jueves todos los grupos, excepto el PP, aprobaran un texto en la Cámara vasca pidiendo que los reclusos con graves enfermedades puedan ser excarcelados. En dicha resolución, el Parlamento también instó al Gobierno central a ‘compartir’ y ‘consensuar’ con las instituciones autonómicas la orientación de la política penitenciaria. Según ha informado Sare en un comunicado, una vez que ETA está ‘desarmada’ es necesario continuar con los pasos para defender los derechos de todas las personas, incluidos los presos ‘tratando de evitar que se continúe utilizando’ a la organización terrorista ‘como si aún siguiera en activo’. Han hecho un llamamiento a las instituciones vascas a que tomen la iniciativa en la defensa de los derechos de las personas presas y al Congreso ‘para que exija el cumplimiento de sus propias normativas’. Sare ha pedido asimismo el ‘máximo respeto’ al debate que se está produciendo dentro del colectivo de presos de ETA ‘sin injerencias y manipulaciones’. Ha señalado que los presos ‘no están sufriendo el alejamiento porque ellos quieran’ ya que las progresiones de grado en el ámbito penitenciario las proponen los equipos de tratamiento y las concede el juez de vigilancia penitenciaria. ‘No es de recibo que si sólo el 1,5 % de la población reclusa española se encuentra en primer grado, en el caso de los presos vascos sea del 95,5 %’, han denunciado los portavoces. También han recordado que los presos de más de 70 años ‘tienen derecho a ser puestos en libertad’ y han asegurado que la política de alejamiento ‘vulnera la propia Ley Penitenciaria’, por lo que han exigido su cumplimiento.
