SALUD MENTAL EN PRISIÓN: «ES UN PROBLEMA ENORME, EL SISTEMA SE CAE»

En España hay dos psiquiátricos penitenciarios con 378 internos, pero al menos 1.834 enfermos con trastornos graves que cumplen su pena en cárceles ordinarias. Faltan médicos y apoyo institucional, denuncian las oenegés

ABC. NOELIA CORTÉS. FOTOGRAFÍA:PIXABAY. Pastilla y a la enfermería. Eso es todo lo que pueden hacer en muchas cárceles ordinarias por las personas con trastornos mentales graves, lamenta Javier Pallarés, director del servicio de apoyo a la reinserción social de la Fundación Manantial, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los presos más olvidados del sistema. En España hay 378 personas internas en los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que existen (Sevilla y Alicante), pero también al menos 1.834 enfermos (el 4,33% de la población reclusa, cuando en 2008 apenas llegaba al 1%) que cumplen su condena en centros comunes, según los últimos datos del Ministerio del Interior correspondientes a finales de 2021. «Es un problema enorme. El sistema se cae. Es imprescindible que la sanidad penitenciaria y la salud mental sean asumidas por las comunidades autónomas. No están recibiendo el mismo trato que cualquier otra persona, fuera hay recursos especializados«, añade este experto.

Si proteger el bienestar emocional de la población es un reto, hacerlo cuando están privados de libertad es aún más difícil. «La finalidad de las cárceles no es atender a gente con patologías de salud mental. Tras el cierre de los psiquiátricos no se ha invertido en un modelo comunitario para abordar este problema del que tanto se habla ahora», apunta Javier Vilalta, director de la Associació Àmbit, otra de las organizaciones que trabaja con estos reclusos. «Hay una desatención total, y al final se dan circunstancias que llevan a judicializar los casos. Por ejemplo, si a un enfermo le da un brote en casa y agrede a alguien, lo normal sería que fuera derivado a una unidad de agudos en un hospital, pero acaba detenido por violencia y en prisión con un problema grave de salud mental», añade.

Rodrigo (nombre ficticio), de 61 años, lleva cerca de 17 en el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, aunque pasó también por Soto del Real. Fue diagnosticado en 2006 de trastorno delirante persistente y declarado inimputable, como la mayoría de los internos que están en estos centros. Noelia De Mingo, que mató a tres personas durante un brote psicótico y cuyo caso desató el debate sobre cómo abordar la enfermedad mental entre rejas, acaba de aceptar volver a este tipo de centro tras apuñalar a dos mujeres hace apenas dos años. «Es diferente a las cárceles, es un régimen penitenciario pero llevas un seguimiento por parte de los profesionales. Aunque también está un poco abandonado, los que te apoyan son los funcionarios que conviven contigo«, explica este usuario de la Fundación Manantial. «Falta personal para llevar tanta gente como hay».

En 2021, por Alicante y Sevilla pasaron 573 pacientes, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría sufre trastornos psicóticos (60%), patología dual relacionada con adicciones (25%), trastornos afectivos (6%) y de personalidad (5%). La ratio de psiquiatras es del 0,8 en el centro valenciano y del 2,6 en el andaluz, por debajo de los cinco especialistas por cada cien internos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, explican los autores del ‘Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España’, elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).

Además, la dispersión geográfica de estos centros dificulta que los internos estén cerca de su entorno, lo que favorecería su rehabilitación. «Están cumpliendo su pena lejos, con el sufrimiento familiar que eso conlleva, y la están cumpliendo íntegra, porque no hay oenegés que les avalen o acompañen», argumenta Pallarés.

Sin diagnosticar

Pero más complicado es aún el manejo de esos 1.834 presos, como mínimo, que padecen trastornos mentales graves y están en cárceles ordinarias. Decimos al menos porque estos son los que estaban incluidos, a finales de 2021, en el Programa de Atención al Enfermo Mental en Prisión (Paiem) -presente en 65 de los 66 centros comunes, pero entre los pacientes valorados en consulta, el 46% tenía patologías graves asociadas a la salud mental, apunta el informe de la SEPL y la SEPS-, por lo que probablemente sean más. Al 34,8% de los reclusos le han detectado, alguna vez, un trastorno mental o emocional, y el 21,6% está medicado por ello, refiere la Encuesta sobre Salud y Drogas en población interna elaborada por el Ministerio del Interior, «Hay personas que cuando entran en prisión tienen un diagnóstico, pero la propia cárcel es algo iatrogénico, genera enfermedad mental por la situación en la que te encuentras, por eso es necesaria una atención especializada», asume Pallarés.

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