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La cárcel mata y enferma, con una relación directa entre el tiempo de duración de la condena y la probabilidad de enfermar y morir una vez cumplida esta
ELDIARIO.ES (MARIBEL VALIENTE GONZÁLEZ. Área de cárceles de APDHA).– Si entendemos la salud como un fenómeno amplio, no es difícil encontrar la contradicción intrínseca al título de este artículo. ¿Es posible tener salud cuando estás en un régimen privativo de libertad, lejos de tus seres queridos y en un ambiente de supervivencia?
Desde el esquema de los determinantes sociales de la salud, la cárcel actuaría como un determinante estructural más que se relaciona con los diferentes ejes de desigualdad (clase social, género, raza…) y da lugar a unos recursos materiales particulares que, a su vez, interaccionan con las personas y los servicios de sanidad penitenciaria dando lugar a las denominadas desigualdades en salud. El objetivo de este artículo es entender cómo opera la cárcel en la salud de las personas desde esta perspectiva.
La estructura
Mucho se ha escrito sobre el tránsito que estamos realizando como sociedad hacia escenarios cada vez más punitivos y securitarios: desde la reforma del Código Penal de 2015, pasando por la Ley Mordaza, la Prisión Permanente Revisable o la reciente sentencia del procés. El resultado: España, a pesar del descenso en los últimos años de su tasa de encarcelamiento, sigue manteniendo una de las más altas de toda la Unión Europea (126 personas presas/100.000 habitantes) al mismo tiempo que tiene la tercera tasa de criminalidad más baja de todos los Estados miembros de la Unión (45,6 delitos/1.000 habitantes). Sin embargo, la cárcel no afecta igual a toda la población; la cifra de mujeres gitanas presas es casi veinte veces mayor que su presencia en la sociedad y algo similar ocurre con la población migrante, con una tasa de encarcelamiento de 395/100.000 en 2010. Además, cabe destacar las nuevas formas de criminalización a través de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), centros de menores y deportaciones en caliente que, en muchas ocasiones, no son concebidos como espacios penales aunque cumplen una función punitiva cada vez más importante.
Lo intermedio
Sobre las condiciones de vida dentro de prisión son numerosas las vulneraciones de derechos que han sido denunciadas por las personas presas y sus familiares. Sólo por poner algunos ejemplos, en plena ola de frío de 2018 la APDHA denunció la ausencia de calefacción en las dependencias de las personas presas de la prisión de Córdoba. En cuanto al empleo, el trabajo en prisión llevado a cabo por el 40% de la población penitenciaria no llega en muchos casos a 50 céntimos/hora, con horas extra no reflejadas en la nómina, ausencia de sindicatos que los defiendan, vacaciones inexistentes y sustitución del subsidio de excarcelación por la prestación de desempleo con una cuantía cuatro veces menor.
Además, el trabajo doméstico llevado a cabo dentro de prisión muchas veces se asigna a las mujeres como “parte de su proceso de reinserción”; han llegado quejas denunciando la obligación de limpiar de forma gratuita todos los departamentos (incluidos los masculinos) y el castigo de aislamiento ante la negativa de algunas mujeres a hacerlo. Respecto a la situación periférica y alejada de los núcleos urbanos que ocupan las prisiones, cabe destacar la inversión de tiempo y esfuerzo por parte de las familias para acceder a lugares mal comunicados en transporte público así como la facilidad de aislar las protestas y vulneraciones de derechos que ocurren entre sus muros. Sobre la situación económica, la entrada en prisión conlleva una disminución de los ingresos del hogar, además de afectar a la familia (incluida la descendencia que pierde la figura de un padre/madre) y la comunidad que queda fuera, ahondando en los círculos de exclusión, pobreza, consumo de drogas y mayor encarcelamiento.
Sobre los factores que afectan a la persona, la cárcel no está adaptada a la población penitenciaria sorda y sordociega: reciben castigos por no comprender instrucciones o no acudir al recuento, quedan excluidas a la hora de comunicar sus necesidades, formular peticiones, transmitir posibles abusos… Tampoco lo está para las personas con diagnóstico de Trastorno Mental Grave, cuestión denunciada por el Comité para la Prevención de la Tortura; estas deben ser alojadas en un centro de atención sanitaria especializado adecuado a sus necesidades.
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