Hoy el grupo de cárceles de la APDHA-Cádiz ha ofrecido una rueda de prensa para analizar la situación en nuestras prisiones de la provincia y ofrecer un balance de la atención que desde la asesoría se ha prestado a personas presas y familiares. Abajo un resumen de las cuestiones tratadas.
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA.- Desde el año 2016 la APDHA viene desarrollando un programa de atención, asesoramiento y apoyo a personas presas y a sus familiares. El objetivo es contribuir a la defensa de los Derechos Humanos que con frecuencia son vulnerados tras los muros de una prisión. Desde que comenzamos con esta labor, seguimos constatando que numerosas familias gaditanas tienen algún familiar en prisión. Durante todo el año 2018 y lo que llevamos de 2019, 67 personas han sido atendidas desde esta asesoría (51 personas presas y 16 familiares), lo que nos confirma la realidad penitenciaria: las personas presas necesitan asesoramiento jurídico en su nueva situación. En las demandas cotidianas que nos llegan a la asesoría nos encontramos con personas que pierden citas médicas en el hospital por motivos ajenos a su voluntad o encuentran inconvenientes para ser derivados al especialista o acceder a la medicación. La desorbitada ratio médico/paciente hace que la atención sanitaria sea muy deficitaria dentro de prisión. El CP de Puerto I estuvo sin médico del 26 de julio al 10 de septiembre del año pasado y en el CP de Algeciras, que tramita 4.000 ingresos al año, solo cuenta con tres médicos que tienen la obligación de ver a los presos en las primeras 24 horas. Desde la asociación acompañamos a muchos familiares (madres en su mayoría) que tienen a sus hijos presos con problemas de salud mental. En torno al 40% padecen un trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8 % enfermedad mental grave. El comité de prevención contra la tortura en su informe del año 2017 respecto de las prisiones de El Puerto de Santa María, señala, que solo un psiquiatra visitaba una vez al mes las cárceles de puerto I, II y III. Así, desde la APDHA venimos reclamando que a las personas con enfermedad mental se las trate adecuadamente en lugares apropiados para ello y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Esta situación es especialmente preocupante puesto que la relación entre suicidio y aislamiento van de la mano. Durante el 2018, 4 presos han fallecido en las cárceles del Puerto de Santa María suicidio, tenemos constancia que una de esas muertes de 2018 fue por suicidio. Y hace unos días hemos conocido otra muerte por suicidio más. Es un hecho que la tasa de suicidios dentro de las prisiones es mucho más elevada que en el resto de la población. Los problemas de salud mental y el aislamiento son condición sine qua non. Estas muertes son evitables e Instituciones Penitenciarias debería adoptar las medidas necesarias para abordar sus causas y evitar que se produzcan. Una de las campañas más potentes que hemos llevado a cabo en este último año ha sido la denuncia de la situación en que se encuentran las personas sordas que cumplen condena. En los Centros Penitenciarios no se dispone de intérpretes de lengua de signos y los establecimientos penitenciarios no están adaptados a sus necesidades específicas. Podemos afirmar que actualmente, el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a vivir de forma independiente, como prevé la normativa nacional e internacional, no están garantizadas en las prisiones. Esta situación ha sido denunciada a la Defensor del Pueblo Andaluz que ha respondido proponiendo una serie de medidas a las instituciones penitenciarias. Todo esto ha desembocado en que actualmente hay interpuesto ante la Audiencia Nacional recurso contencioso administrativo pendiente aún de que sea admitido a trámite. No obstante, desde la APDHA hemos publicado de la guía ‘Derechos de las Personas Sordas y Sordociegas en Prisión’ que pretende facilitar el conocimiento, la denuncia y la defensa de estas situaciones, y que actualmente está en fase de difusión: https://www.apdha.org/media/guia-derechos-sordas-sordociegas-prision.pdf Nuestra valoración con respecto a la labor realizada durante este último año es muy positiva, nuestra acción social el refuerzo en la atención de las personas presas y familiares, es un recurso fundamental para asesorarles, aportar herramientas, estrategias y conocimientos para la defensa de sus derechos básicos.