Los trabajadores también se enfrentan a una inhabilitación de tres años y a una multa de 8.100 euros
LA VANGUARDIA. COM – (ACN, MANRESA).- Tres funcionarios del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), se enfrentan a tres años de prisión por un delito de obstrucción a la justicia. El ministerio fiscal los acusa de haber coaccionado a un interno para que cambiase su versión de unos hechos en la denuncia que había interpuesto. En el documento, el interno acusaba a uno de los funcionarios de haber llamado ‘rumano de mierda’ a otro preso y haberle agredido en las costillas mientras se encontraban en la sala de registros. Según el escrito del fiscal, los tres funcionarios se aprovecharon de su posición de superioridad para interferir en la actuación procesal y amenazaron a un interno para que modificara su versión de los hechos. Es por este motivo que el fiscal pide su inhabilitación durante el tiempo de condena y una multa de 8.100 euros, además de las penas de prisión. El suceso se remonta al 9 de febrero de 2014, cuando un interno interpuso una denuncia contra un funcionario por una presunta agresión que había tenido lugar hacía poco más de un mes en una sala de registros del centro penitenciario. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa y motivó una investigación interna en la prisión para esclarecer los hechos. Según el escrito del fiscal, el funcionario investigado se puso de acuerdo con dos funcionarios más de la prisión para coaccionar a otro interno que aseguraba que había estado testimonio de la agresión. Los tres trabajadores amenazaron al interno diciéndole que tendría problemas en el patio de la prisión si no cambiaba la versión de los hechos. El preso presuntamente coaccionado terminó firmando una nueva declaración, previamente transcrita por los acusados, con una versión exculpatoria del funcionario involucrado. El interno mantuvo esta nueva versión en las diferentes instancias administrativas hasta que prestó declaración en sede judicial. Los tres funcionarios se enfrentan a tres años de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 8.100 euros. El juicio tendrá lugar a mediados de marzo en el Penal 3 de Manresa.
