La asociación, que advierte de los perjuicios de la privatización de las cárceles, asegura que los vigilantes en las prisiones son “peones” con sueldos “irrisorios”
EL PUEBLO DE CEUTA.ES.- La Asociación de Seguridad Privada Marea Negra advierte de los perjuicios de la privatización de las prisiones si esta se lleva a cabo cómo temen los miembros de esta entidad que pretende hacer el Gobierno. Según expone su vicepresidente, José Antonio Carbonell, la intención del Gobierno es acabar privatizando un servicio que, destaca, es ‘responsabilidad del Estado’. De momento, se ha externalizado el servicio de vigilancia exterior, que realizan de forma conjunta Guardia Civil y empresas de seguridad privada lo que, apunta Carbonell, ha provocado que los vigilantes sean ‘peones con sueldos irrisorios y sin conciliación familiar’. El vicepresidente de Marea Negra reconoce que la privatización de las prisiones no es nueva y que se da en otros países. Recuerda que Estados Unidos fue el pionero en privatizar sus cárceles, teniendo una de las mayores poblaciones reclusas. De los 60 centros de detención, son propiedad del Estado unos 40, y la gestión de estos centros se hace con empresas como ‘Geo group’ que, es la que gestiona casi el 20% de estas dependencias, según traslada Carbonell para señalar cómo ‘estas grandes empresas suelen justificar sus operaciones en términos de eficacia del servicio’. Mientras, también señala el vicepresidente de Marea Negra que un informe del Consejo de Europa afirma que, las cárceles españolas están masificadas. Por ello incide en que no tiene beneficio alguno privatizar estas cárceles, aunque de hecho ‘se está llevando a cabo una privatización parcial de los servicios de vigilancia’. Externalizar Como asociación que defiende los derechos de todos los profesionales del sector de la seguridad privada, Marea Negra advierte de que este modelo que se quiere llevar a cabo en España ‘solo tiene beneficios para las empresas que se hacen cargo de estos servicios y del Gobierno que quiere externalizarlos siendo una obligación del propio Estado su gestión’. ‘Desde que se privatizó la vigilancia de exteriores de estas cárceles donde actualmente hacen servicios conjuntos Guardia Civil y vigilantes, es y será un calvario para estos profesionales que no quieren darse cuenta de que solo son unos peones con sueldos irrisorios y con poca o ninguna conciliación familiar’, lamenta Carbonell para criticar que ‘las grandes empresas de seguridad se están haciendo de oro, a costa de estos vigilantes de seguridad, con jornadas maratonianas, sin protección legal, siendo la diana de sindicatos policiales que no paran de machacarlos hasta la saciedad, donde se ven inmersos en una guerra que no tiene nada que ver con nuestro sector’. ‘La mayoría de las veces a los vigilantes les cuesta incluso su salud por estar trabajando con tal presión, para que venga la empresa de seguridad machacándolos por pedir alguno de sus derechos’, asegura el número dos de Marea Negra. Un precio muy alto Ante esta situación, Carbonell no tiene ninguna duda de que en la nueva prisión de Ceuta ‘seguro que pondrán a vigilantes de seguridad’ para hacerse cargo de la vigilancia exterior. Un servicio que, entienden, ‘no merece la pena prestar por el alto precio que hay que pagar’: ‘Cobrar un sueldo mísero, estar condenado a la inexistencia de una conciliación familiar, y estar cuestionado por todas las actuaciones, sin olvidar que las empresas mientras se llenan los bolsillos a costa del sufrimiento de los trabajadores’. Por esta situación descrita, desde Marea Negra insiste en que no están de acuerdo con esta privatización, al menos, tal y como se está llevando actualmente. ‘La Unión Europea ya ha mostrado su preocupación a la hora de privatizar instituciones públicas ya que se puede dar el caso de corrupción’, alertan desde Marea Negra para añadir que tampoco están conformes con que se privatice el funcionamiento interno de la prisión. ‘Nos preguntamos si se salvaguardarán los derechos de los reclusos’, trasladan. Y es que, concluyen desde la asociación, ‘el que una empresa privada se haga cargo de las prisiones, perseguirá siempre el recaudar dinero y no el bienestar y la reinserción de los reclusos’. Fin último del sistema procesal español que, para Carbonell, ahora pasaría a un segundo plano si son empresas privadas las que se hacen cargo de gestionar los centros penitenciarios.