Una demanda colectiva presentada por reclusos en Nuevo México en EEUU acusa a las dos mayores empresas del país de violar la legislación de salario mínimo.Que la empresa pueda conseguir la mano de obra que necesita para que funcione el centro a unos precios descaradamente por debajo del mercado es parte de su modelo de negocio, sostiene el abogado de los denunciantes
THEGUARDIAN (AMANDA HOLPUCH. OAKLAND. TRADUCIDO POR JAVIER BIOSCA AZCOITI).- Un centro de detención de inmigrantes de Nuevo México encontró dentro del propio centro la solución a la falta de mano de obra para cocinar a los reclusos y limpiar los pasillos del edificio. Por menos de 50 céntimos la hora (0,44 euros al cambio), prisioneros como Mbah Emmanuel Abi y Demond Ndambi, a los que posteriormente se les ha concedido el asilo político, hacían la comida para sus compañeros y trabajaban en la biblioteca del centro. Su experiencia no es única: por un dólar al día, y a veces menos, los inmigrantes preparan comidas, limpian las instalaciones y hacen la colada en centros de detención de gestión privada por todo el país. La práctica se ha comparado al trabajo esclavo y ha generado multitud de demandas contra las dos empresas carceleras más grandes del país, CoreCivic y Geo Group, que entre las dos sumaron en 2017 unos 4.000 dólares en ingresos. En una demanda colectiva presentada recientemente, Abi, Ndambi y otro hombre que huyó de Camerún en 2017, acusan a CoreCivic, gestora del centro de detención del condado de Cibola, Nuevo México, de robo de salario. ‘El hecho de que la empresa pueda conseguir la mano de obra que necesita para que funcione el centro a unos precios descaradamente por debajo del mercado es parte de su modelo de negocio’, sostiene Joseph Sellers, abogado de Cohen Milstein representante de los demandantes. Tanto CoreCivic como Geo Group sostienen que la remuneración cumple con un programa de trabajo voluntario del Gobierno, pero los abogados sostienen que el trabajo no es voluntario porque se necesita para pagar objetos como pasta de dientes o para hacer llamadas a seres queridos. ‘No lo llamaría voluntario’, sostiene Sellers. ‘Lo hacen porque necesitan esos ingresos, que efectivamente son bastante escasos, para comprar diversos artículos que puedan necesitar mientras están encerrados, como pasta de dientes’. El caso de Nuevo México se presentó la semana pasada ante un tribunal de Maryland y se centra en la supuesta violación de CoreCivic de las leyes de salario mínimo. ‘Lo estamos investigando en otros lugares’, afirma Sellers. ‘Desafortunadamente parece algo generalizado’, añade. En los últimos cuatro años, otras demandas centradas en los salarios de un dólar al día han acusado a las empresas de prisiones de violar la legislación que prohíbe el trabajo forzado y el enriquecimiento ilícito. En abril, CoreCivic fue denunciada en una demanda colectiva por usar ‘mano de obra forzada’ en un centro de Georgia. Un denunciante de Guatemala, Wilhem Hill Barrientos, asegura que tuvo que trabajar para pagar las llamadas telefónicas a su familia, con quien no podía hablar sin trabajar por unos 50 céntimos la hora. (DOCUMENTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO)
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