Los reclusos de ETA irán a instancias superiores en busca de precedentes favorables y denuncian que Prisiones «prevarica» con el rechazo sistemático
EL DIARIO VASCO (JORGE SAINZ).- Los presos de ETA seguirán pidiendo la salida del primer grado pese a la negativa sistemática del Gobierno central a atender el primer centenar de demandas individualizadas. Los reclusos de la banda entienden que hay que seguir peleando por el cambio de régimen penitenciario, ya que es «un tapón» que impide cualquier tipo de avance en el camino a «vaciar las cárceles», según fuentes próximas a los internos. La izquierda abertzale apoya a los reclusos en este empeño y entiende que pese al rechazo inicial de los jueces hay que batallar en instancias judiciales superiores para conseguir precedentes y jurisprudencia favorable para quienes vengan por detrás. No obstante, admiten que en el caso de tener que recurrir a Europa, donde no dudan de que les darían la razón, la solución se dilataría en exceso. Más de la mitad de los presos de ETA encarcelados en España, unos 120 sobre unos 230, ha pedido ya salir del primer grado, el más duro y en el que están clasificados más del 90% de los internos, para poder acceder en el futuro a beneficios penitenciarios. No obstante, Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Gobierno central, está rechazando de manera sistemática todas las peticiones, realizadas por cada reo de forma individual, como ya avanzó este periódico. Los encarcelados prevén recurrir esas negativas ante la instancia siguiente, la del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis de Castro. Si no atendiera sus requerimientos, la vía judicial teórica proseguiría en el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los reclusos decidieron explorar todas las vías legales en cumplimiento del resultado del amplio debate interno celebrado por el colectivo de presos, EPPK. Los abogados que trabajan con los reclusos entienden que estas primeras negativas administrativas pueden incurrir en un delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta), ya que las autoridades penitenciaras se basan principalmente en «la naturaleza y gravedad de los hechos delictivos, vinculados con la actividad de una organización terrorista aún no disuelta, así como la cuantía de la condena impuesta». Los letrados insisten en que para el cambio de grado se debe tener en cuenta el comportamiento en prisión. Y en este sentido sostienen que los reos están cumpliendo las exigencias legales que pasan por una buena actitud en la cárcel, donde incluso muchos han comenzado a desempeñar trabajos (escuelas, gimnasios, bibliotecas o limpieza). Otro aspecto denunciado por los letrados es que en sus negativas los jueces están calcando un «escrito modelo, con un patrón igual para todos, sin carácter individual», pese a que las peticiones de los reclusos son personales. Manifestación el 21 de abril Pese a los primeros obstáculos de la administración penitenciaria, los presos de ETA están determinados a insistir con los cambios de grado. En este sentido, recibirán cobertura política y social del mundo de la izquierda abertzale con la manifestación nacional convocada para el día 21 en Bilbao por la dinámica Kalera Kalera!, centrada en el cambio de grado y que sigue la línea de hace dos años, cuando una amplia marcha similar respaldó el debate del EPPK. El mundo de Sortu ya ha transmitido internamente a los presos la necesidad de dar esta batalla jurídica, y pone el cambio de grado a la altura de demandas como el fin de la dispersión o la libertad de los presos gravemente enfermos. Aunque más de la mitad de los encarcelados en España está reclamando la flexibilización de su situación, existen algunos internos con dudas, al encontrarse en el tramo final de su condena, o analizar otras posibilidades. No obstante, el reto de la izquierda aber-tzale es que todos se sumen en esa demanda para empujar a Instituciones Penitenciarias y los tribunales a aceptarlas y lograr con los correspondientes recursos que alguna instancia superior abra precedentes que sirvan al resto de presos a medida que vayan reclamando una flexibilización de su situación. Los presos en primer grado viven en unas condiciones muy estrictas. Solo pueden salir de su celda entre cuatro y cinco horas al día para realizar actividades de la prisión. El segundo grado es un régimen abierto que acerca el horizonte de acceder a permisos de salida y otros beneficios penitenciarios. El estadio final, el tercero, ya posibilita permisos de libertad condicional. En España suelen revisarse cada seis meses. En el caso de Francia, donde se encuentran 54 internos, las prioridades se centran en que se retire el estatus de peligrosidad (DPS) y se materialicen más acercamientos a cárceles próximas a Iparralde (Mont-de-Marsan y Lannemezan), algo que el Ministerio galo de Justicia ya ha comenzado a hacer en el marco del «espacio de diálogo» abierto con la delegación del País Vasco francés. En las cárceles también se vive con expectación la previsible desaparición de ETA antes de verano, tal y como adelantó este periódico, y cómo puede influir en la estrategia penitenciaria de los Estados.