La Pastoral Penitenciaria impulsa el proyecto para que los colegios profesionales presten ayuda a los presos a la hora de realizar trámites
EL COMERCIO.ES – (P. LAMADRID, GIJÓN).- «Estamos en contacto con los colegios de abogados de la región para intentar instaurar en la prisión el servicio de atención jurídica». El delegado de Pastoral Penitenciaria, José Antonio García Quintana, avanza esta iniciativa que considera de vital importancia para los reclusos del centro penitenciario de Asturias. «El lenguaje jurídico es muy técnico y muchos son extranjeros, por lo que no dominan el castellano», de modo que realizar trámites de índole jurídica es complicado para buena parte de los internos. Los propios voluntarios de la Pastoral Penitenciaria han detectado esta necesidad, por lo que han decidido ponerse manos a la obra para intentar lograr que este servicio sea una realidad. Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, 23 no disponen del SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN JURÍDICO-PENITENCIARIA (SOAJP). El asesoramiento abarcaría desde cuestiones de régimen interno (permisos, progresiones de grado, sanciones…) hasta la tramitación de solicitud de abogado de oficio cuando fuera necesario y la resolución de temas de expulsión del país, entre otros muchos asuntos. Eso sí, sin entrar a valorar o interferir en procedimientos penales que tengan profesionales personados, para que no exista competencia desleal entre compañeros. Hilo conductor De hecho, una de las funciones que desempeñarían los abogados del servicio de orientación jurídico -y que ahora efectúan algunos voluntarios de la Pastoral Penitenciaria- es servir como hilo conductor entre los diferentes abogados que puede tener un usuario que esté implicado en varios procedimientos judiciales al mismo tiempo. «A veces, te cuestionan cosas que no tienen que ver con las causas por las que cumpliendo condena, pero sí requieren de asesoramiento inmediato», explica una de las voluntarias de la Pastoral Penitenciaria. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica «permitiría a los abogados acceder al centro, un día a la semana durante una hora, para resolver dudas a los internos», apunta el sacerdote responsable de las actividades religiosas en la prisión. La dirección del centro penitenciario ve con buenos ojos esta iniciativa impulsada por la Pastoral, señala el jesuita José Antonio García Quintana. «El derecho no puede quedar fuera de la prisión, que ha de servir para llegar a reinsertarles. Debemos ayudarse a que no se queden solos», indica la voluntaria. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitenciaria no supondría coste alguno para la administración del centro asturiano, puesto que serían los colegios de abogados quienes prestarían este servicio gracias a la colaboración desinteresada de los letrados voluntarios. Ausencia en 13 autonomías Además de la comunidad asturiana, carecen de este servicio Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), la Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca). Tampoco ofrecen esta asistencia centros penitenciarios de en Canarias (arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de la Palma), Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II) y Aragón (Teruel).